2013, año de colegiaciones masivas de abogados

0
1630

En estos años de cambios, recortes, legislación sorprendente, nuevas pruebas de méritos, …, no podía faltar, por supuesto, un “MIR” para abogados. Esta medida ha generado una gran controversia (al igual que otros profundos cambios que se están produciendo en nuestro País a nivel social, profesional y laboral) y ha provocado durante el 2013 un importante crecimiento en el número de colegiados, que en muchos casos se han visto obligados a hacerlo con el fin de evitar la barrera que esta prueba supondría tras los cambios propuestos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

¿Cómo será el examen que tendrán que superar los abogados que no han podido colegiarse a tiempo?

Según los datos que se desprenden de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, además de cursar durante un año un máster (un número considerable de aspirantes ya lo ha hecho), impartido bien en la Universidad, bien en los colegios profesionales, y de realizar unas prácticas tuteladas que durarán unos seis meses (en distintas empresas, Organizaciones, Instituciones o Bufetes), los futuros profesionales del Derecho tendrán que superar un examen del Ministerio de Justicia que se celebrará al menos una vez al año y que finalmente parece que solo tendrá preguntas teóricas.

Boom de las colegiaciones de abogados en el 2013Estos requisitos podemos deducirlos de varios fragmentos de la mencionada Ley, como por ejemplo, cuando la misma dice: “Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de licenciado (o graduado) en Derecho (…) y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.” o  cuando nos dice: “Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas (…) y que incluyan la realización de la evaluación regulada en esta ley”.

Las primeras pruebas se esperaban para septiembre de 2013, pero finalmente se realizarán previsiblemente ya en el año 2014. La primera promoción que tendrá que realizar esta prueba, si se desea ejercer como abogado o procurador, será la que finalice sus estudios durante el curso 2011-2012.

Es lógica la controversia creada, pues estas pruebas supondrán alargar el tiempo que los nuevos licenciados o graduados tendrán que esperar para poder empezar a ejercer su profesión, siempre y cuando consigan llegar y superar el examen final. Si no lo logran a la primera, tendrán que esperar un año (o hasta la siguiente convocatoria) para volver a examinarse.

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.

La Ley en la que se recogen estas nuevas circunstancias, se aprobó en el año 2006 y entró en vigor el 31 de octubre de 2011. En ella se pone de manifiesto la intención de exigir a cualquier licenciado o graduado en Derecho que vaya a ejercer como abogado o como procurador un título profesional, tal como se expone al final del artículo 1: “La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.” Esto se conseguirá tras pasar por las pruebas antes mencionadas (máster, prácticas y examen del Ministerio de Justicia).

Los motivos que se esgrimen para plantear estos cambios, son, por un lado, la globalización europea a la que estamos abocados y por otro, la muy necesaria, para muchos, homologación de profesiones jurídicas.

Injusticias y desigualdades que provoca la Ley y su forma de solventarlas.

Y una vez analizadas las nuevas condiciones de acceso al título profesional de abogado o procurador, estudiemos ahora las desigualdades que surgieron de esta primera Ley del 2006. De esta normativa se deducen, según muchos de los afectados, diferentes injusticias, puesto que, por ejemplo, aquellos estudiantes que comenzaron sus estudios de Derecho antes de la publicación de esta Ley, lo hicieron bajo unas condiciones muy diferentes a las que se les presentan ahora. O por ejemplo,la diferencia de un año que existe entre la Licenciatura y el Grado, también crearía un perjuicio a los primeros.

Por ello, el Gobierno con posterioridad a lo anterior, estableció la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en la que se establecen una serie de modificaciones que vienen a intentar solventar las desigualdades que no se habían previsto en primera instancia.

Así, en su disposición adicional octava, sobre los licenciados en Derecho dice: “Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes”.

Y en su disposición adicional novena, de los títulos extranjeros homologados: “Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes”.

Por último, se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en los siguientes términos: “Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan”. Y aquí es donde se enmarca nuestra colegiación masiva.

Colegiarse para evitar el máster, las prácticas y el examen final.

Y aquí llegamos al eje central que nos ocupaba en esta ocasión. Y es que aquellos que no estuvieran aún colegiados contaban con un plazo que expiraba el 31 de octubre de 2013 para poder hacerlo, evitando así las pruebas anteriormente mencionadas, necesarias para ejercer como abogado o procurador.

Tras 7 años (desde la aprobación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre) de idas y venidas, acababa el plazo y con él la oportunidad de acceder de forma fácil a la profesión. Y dicho plazo acaba con un boom de nuevos colegiados que han hecho aumentar considerablemente en el 2013 el número de profesionales del Derecho de nuestro País.

En relación con esto, parece importante mencionar que el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales establece un máximo de 250 euros anuales como cuota obligatoria para los abogados que quieran colegiarse, no pudiendo excederse de estas cantidades los Colegios Profesionales. Para ampliar esta información, puede pinchar en el siguiente enlace.

Nuevamente, una Ley ha logrado crear controversia y debate social en una gran parte de la Sociedad. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo mencionado con anterioridad?