Aspectos esenciales de la Ley estatal de sucesiones y donaciones

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En España, el tema de las sucesiones y donaciones tiene distintos aspectos a tratar y diferenciados según el lugar de residencia de la persona sujeta a los ámbitos de sucesiones y donaciones. Hoy, en este artículo, vamos a tratar algunos de los aspectos esenciales que trata al respecto la Ley estatal de sucesiones y donaciones.

Puntos básicos

La ley estatal relacionada con estos ámbitos es concretamente la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y concretamente esta contiene distintos aspectos que conviene conocer.

donacionesEn primer lugar diremos que la misma establece su naturaleza y objeto, estableciendo la misma que ella “…grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley” (art.1), y concretamente que ello lo hace “…en todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno” (art.2.1) y sin perjuicio de que “La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley de Cesión” (art.2.2).

Concretamente, la misma ley establece en su punto tercero parte primera que aquello que resultara hecho imponible de la misma, es decir, aquello que resultará sujeto son la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, también a adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, ‘inter vivos’ y la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.

Del mismo modo que la ley establece aquello que resulta sujeto a la misma y que por ende resulta hecho imponible de ella, también destaca en este caso aquello que no resulta imponible en un ámbito que podría llevar a confusión. Específicamente en el artículo 3.2 que los incrementos de patrimonio a que nos referíamos en el anterior párrafo relacionado con lo que dicta la ley en su artículo 3.1, obtenidos por personas jurídicas, no están sujetos a este impuesto y se someterán al Impuesto sobre Sociedades.

Más consideraciones sobre la ley estatal de sucesiones y donaciones

Dicho lo anterior, y habiendo visto concretamente el hecho imponible de la misma, es decir, aquellos conceptos que causarán obligación de tributar, veamos quienes son los sujetos pasivos de la misma, es decir, aquellos que están obligados a tributar, y si corresponde pagar.

Es importante reseñar este aspecto, pues mientras en los párrafos anteriores hemos visto aquello que está gravado, el que está gravo (el hecho imponible), ahora veremos quien tiene que pagarlo, quien es aquella persona (el sujeto pasivo) que debe tributar por ello, y si corresponde pagarlo.

Ello, viene reflejado en el artículo 5 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Concretamente el mismo artículo establece que la figura de contribuyentes sujetos en esta ley son los causahabientes en aquellas adquisiciones que se produzcan “mortis causa”, los donatarios o los favorecidos por las mismas en los supuestos de donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos”, y finalmente los beneficiarios de los seguros sobre la vida.

Resulta muy importante conocer que si somos residentes habituales en España se nos “exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado” (art.6.1), y que para determinar si somos residentes habituales en territorio español o no se regirá la cuestión en base a las mismas consideraciones que sobre ello establece la ley del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Es muy importante también reflejar que aún y cuando no nos encontremos encuadrados en los supuestos dictados en el párrafo anterior se nos “…exigirá el Impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ella” (art.7).

Finalmente, también resulta muy destacado e importante exponer por el innegable impacto que puede tener, exponer que de un incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo de esta ley pueden derivarse unas responsabilidades en forma de responsabilidad civil subsidiaria de terceros, y ¿quiénes son estos terceros afectados? Veamos.

Con las salvedades, y consideraciones particulares, establecidas por ley diremos que son responsables civiles subsidiarios “…los intermediarios financieros y las demás entidades o personas que hubieren entregado el metálico y valores depositados o devuelto las garantías constituidas” (art.8.1.a) en los supuestos de “transmisiones ‘mortis causa’ de depósitos, garantías o cuentas corrientes”.

Decir que para los supuestos de entregas de cantidades a quienes resulten beneficiarios como herederos o designados en los contratos, los responsables civiles subsidiarios serán “…las entidades de seguros que las verifiquen” (8.1.b), también con las salvedades y consideraciones particulares que correspondan y finalmente serán responsables civiles subsidiarios “los mediadores en la transmisión de títulos valores que formen parte de la herencia” (art. 8.1.c).

A reseñar resulta que todo lo anterior no resulta óbice para no destacar que aún existe otra figura de responsable civil subsidiario relacionado con esta ley. El mismo no es otro que “el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo o exacción estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una adquisición gravada por el presente Impuesto y no hubiere exigido previamente la justificación del pago del mismo”.