Bankia y la caducidad de las demandas

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En este artículo vamos a analizar la comunicación del Tribunal Supremo a un asunto que ha suscitado gran controversia a lo largo de los últimos tiempos. Hace unas pocas fechas que el Alto Tribunal ha hecho públicas las sentencias íntegras sobre recursos que se habían presentado ante la nulidad de la adquisición de acciones de la OPS (oferta pública de suscripción) de la entidad financiera Bankia.

El Alto Tribunal no se expresó en otro sentido del que ya lo había hecho la Audiencia Provincial y no hizo más que ratificar la nulidad de tales adquisiciones, al considerar el Alto Tribunal que la Audiencia Provincial no erró cuando consideró que existían claros vicios en el consentimiento de tales adquisiciones realizadas en su gran mayoría por pequeños inversores.

Para ello se basa, sobre todo, en la inexactitud que figuraba en el folleto mismo de la entidad en la cual se anunciaban las condiciones de tales adquisiciones. Unas condiciones que quedaron claramente por si misma desacreditadas de toda realidad cuando fue la misma entidad quien después de haber sacado a la luz estos folletos, en tiempos posteriores, tuvo que reconocer pérdidas en sus cuentas, teniendo para ello que reformular las cuentas que ella misma había realizado.

BankiaAl reconocer tal nivel de pérdidas y requerir la ayuda de dinero público para su sostenimiento se hizo evidente que lo indicado en el folleto de adquisición no podía estar más lejos de la realidad, y no por el devenir del mercado, sino por la acción claramente intencional de la misma entidad.

Ante lo anterior se alegó que no había incorrección en tal folleto pues el mismo folleto había sido avalado por el mismo supervisor, por la CNMV. Ante tal argumentación el alto tribunal entiende que no puede basarse la veracidad del folleto, ni mucho menos un aval del mismo por parte del supervisor máxime cuando en este caso Bankia era una entidad con estreno bursátil y en consecuencia imposible de analizar y basarse en históricos de la misma. Hechos además irrelevantes para el pequeño inversor que simplemente podía intuir lo que indicaba el folleto, pues tal y como se ha dicho no existían referencias bursátiles de la compañía anteriores.

Por supuesto, cuando una persona contrata un producto financiero de riesgo (y este tipo de productos financieros son productos con un cierto grado de riesgo) asume y debe asumir el riesgo intrínseco a aquello que contrata. No sería lógico ni legítimo invertir en un producto y luego porque el mismo baja de cotización y se pierde dinero quejarse, del mismo modo que nadie se queja cuando sucede lo contrario y se gana dinero.

Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer jugar la partida con cartas marcadas, o mejor con cartas perdedoras que nunca podrán ganar, y eso grosso modo y en resumidas cuentas es lo que sucedió en Bankia. Sucedió que se dieron los supuestos de esencialidad, relevancia y excusabilidad con afectación directa al objeto que do pie a que en base lo expresado en el folleto el inversor se decidiese por acudir a la adquisición.

Lo curioso es que de todo lo anterior lo más importante es aquello que se desprende del momento de la caducidad de las demandas contra la entidad. Así, según lo expresado por el Alto Tribunal los que tienen derecho a reclamar son los expuestos en todos los párrafos anteriores, pero no así todos aquellos inversores que invirtieron en la compañía luego en el mercado secundario.

Otro tema es el que afecta a los inversores de gran calado, e incluso a los inversores institucionales, en este caso, al disponer de otro tipo de conocimientos del mercado y de información a su disposición pero eso en todo caso sería otro tema.

Centrados en el tema que aquí nos indica decir finalmente que para aquellos con derecho a reclamar el plazo de la caducidad es de 4 años. Periodo que debe empezarse a computar desde el mismo momento en el que se produjo la efectiva adquisición de las acciones. Así, en caso contrario, quien no presentase la demanda dentro de tal periodo ha perdido la oportunidad de reclamar por ellas sin perjuicio de las acciones penales que en la causa abierta pueda emprender.