Cambios en la sociedad: la Casa Real

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Nuestra sociedad vive momentos de profunda catarsis, de cambios muy profundos, y porque no decirlo de alta conflictividad social. Y es que nuestra sociedad se enfrente desde la muerte del dictador en el año 1975 al momento de mayor transformación histórica y lo hace desde la posición de un estado configurado como un estado democrático y social, y esa transformación también atañe a la Casa Real, y es sobre eso que vamos a hablar en este artículo, hablarlo desde una posición neutral, sin sesgo ideológico y centrándonos tan sólo en aspectos legales sobre el asunto.

Casa RealConsideraciones previas

Antes de entrar a valorar legalmente la figura de la Casa Real española, cabe decir que todo este proceso de transformación, todo este cambio está poniendo en jaque muchas de las instituciones del Estado e incluso tensa las propias costuras del mismo, por ello no sería menospreciable que incluso llegado un momento de estado social sin parangón se invocase por ejemplo al artículo 55.1 de la Constitución Española, artículo donde se dice que “Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción”.

Esta situación absolutamente aberrante, tremenda y con importantes implicaciones tanto humanas, como sociales, y de desprestigio e impacto para el mismo Estado en el entorno internacional, tiene una alta relación con lo que en este artículo queremos tratar. Veamos los motivos.

La Ley y la sociedad

Y tiene una profunda relación pues, tal y como se decía, la Casa Real es la más alta figura institucional y representativa, del Estado, mejor dicho el Rey es quien resulta esa figura más alta tal y como estipula la Constitución Española en su artículo 56.1 donde se dicta que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

En consecuencia, si resulta la figura más alta, y estamos en un momento social en el que incluso se discute su propia pervivencia o no por parte de una parte importante de la sociedad, nos lleva a considerar que su perseverancia o no puede llevar a dos caminos:

Por un lado, en el hipotético supuesto de que esa voluntad de transformación de un estado monárquico en otro tipo de configuración del Estado, se diese (si se da) de una forma ordenada y pactada por todas las partes implicadas, podría dar lugar a una transición entre modelos de Estado que no supusiese ningún conflicto civil, pues entraría dentro del pacto político y social que transformaría ese escenario.

Ahora bien, técnicamente (y la historia nos lo demuestra) ese cambio, esa transición “pacífica” lamentablemente no tiene por qué ser así, y en ese caso nos encontraríamos con una situación completamente diferente. Sin duda una situación no deseada por nadie y difícil de imaginar en un entorno democrático en pleno siglo XXI y dentro de un entorno internacional que impulsa a resolver las cuestiones de otra forma a cómo se resolvieron desgraciadamente por parte de nuestros antepasados, pero una posibilidad técnicamente no descartable, lamentablemente.

Llegado, al supuesto (cabe repetir hipotético) de que esa transición entre la forma de configurar el Estado, nos encontraríamos (cómo en otros supuestos) en un choque constitucional de consecuencias imprevisibles.

Pero más allá de las consecuencias que podría tener un quebrantamiento del actual orden constitucional, del mismo modo que por el otro lado puede acarrear graves consecuencias no atender la adaptación de ese orden a una realidad social mayoritaria que lo exija, cabe decir que antes de llegar a ese escenario de rotura de la forma del Estado, nos encontraríamos con una serie de consideraciones penales que resultan ideadas por el legislador para proteger la figura del Rey en particular, y de la Casa Real en general.

Así, por ejemplo, la misma Constitución España establece en su artículo 56.3 que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero además, como se decía, se establecen penas para quienes, de un modo u otro atenten contra la figura real (o la Casa Real), todo ello sin entrar a valorar otros asuntos como el quebrantamiento de la paz social u otros.

Así, también resulta muy destacable lo que nos indica el Código Penal vigente en su artículo 485. Artículo que nos indica que “El que matare al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, será castigado con la pena de prisión de veinte a veinticinco años”.

Ahora bien, sin entrar en caso tan extremos como el reflejado en el párrafo anterior, cabe decir que el Código Penal mencionado también establece que “será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años el que privare al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, de su libertad personal, salvo que los hechos estén castigados con mayor pena en otros preceptos de este Código” (art.487) , o bien que “Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona” (art. 491.2 CP)