Carta de Derechos de los Estados Unidos de América

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Siempre resulta interesante conocer la realidad legislativa de otros países y más aún si ese país es un país tan cercano a nosotros en muchos aspectos y tan influyente en nosotros en muchos ámbitos como son los Estados Unidos de América.

Y para adentrarnos en el conocimiento de cualquier país lo podríamos hacer desde muchos ángulos, podríamos hacerlo desde el ámbito penal, desde su legislación comercial, etc., etc., pero para empezar a comprender la legislación de un país nada mejor que hacerlo por su base, por su misma Constitución.

La Constitución de los Estados Unidos de América

Entrar a detallar todas las claves y preceptos de cualquier constitución es una tarea ardua y que merece ser desgranada por parte en todas las constituciones, y ello obviamente también es así en la Constitución de los Estados Unidos de América. Por ello aquí vamos a centrarnos específicamente en un aspecto del que se habla mucho sobre los Estados Unidos de América pero que se conoce poco: las enmiendas de su Constitución. Y concretamente, vamos a centrarnos en este texto en sus diez primeras enmiendas de las veintisiete que tiene en la actualidad (la última, la vigésimo séptima, aprobada en el año 1992), pues son estas diez las que se aprobaron inicialmente, en conjunto el 15 de diciembre del año 1791 y las cuales son conocidas en su global como la “Carta de Derechos” (Bill of Rights).

Si tenemos que referirnos a la enmiendas en su conjunto de la Constitución estadounidense (vigente desde el año 1787) diremos a modo coloquial que las mismas vienen a ser como la forma que la misma Constitución establece para irse actualizando y modificando. Viene a ser un elemento auto-regulador de la misma, por supuesto con todas las salvedades y matices que estas expresiones merecen sobre las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Este mecanismo de auto-modificación mencionado se encuentra concretamente establecido en el artículo cinco de la Constitución estadounidense donde queda reflejado que

Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una convención con el objeto de que proponga enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validez que si fueran parte de esta Constitución, desde todos los puntos de vista y para cualesquiera fines, una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados separadamente o por medio de convenciones reunidas en tres cuartos de los mismos, según que el Congreso haya propuesto uno u otro modo de hacer la ratificación, y a condición de que antes del año de mil ochocientos ocho no podrá hacerse ninguna enmienda que modifique en cualquier forma las cláusulas primera y cuarta de la sección novena del artículo primero y de que a ningún Estado se le privará, sin su consentimiento, de la igualdad de voto en el Senado“.

Las enmiendas

Centrándonos en las enmiendas propiamente dichas y haciéndolo específicamente tal y como se ha comentado en las diez primeras que conforman la Carta de Derechos del país norteamericano, decir que las mismas son las siguientes:

La enmienda primera nos dice que “el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios“. Dicho de otro modo esta enmienda básicamente sobre la libertad religiosa y la libertad de reunión.

La enmienda segunda establece que “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas“. Dicho de otro modo también es la enmienda que reconoce el derecho de la población a portar armas.

La enmienda tercera se encarga de limitar el poder militar de entrar en casa ajena para alojarse estableciendo que “en tiempo de paz a ningún militar se le alojará en casa alguna sin el consentimiento del propietario; ni en tiempo de guerra, como no sea en la forma que prescriba la ley“.

La cuarta enmienda nos acerca al derecho a la propiedad y a la inviolabilidad estableciendo que “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas“.

La quinta enmienda, entre otros preceptos, nos habla sobre el derecho a no declararse culpable y el derecho a una adecuada defensa legal en cualquier proceso legal contra la persona. Concretamente esta enmienda dicta que “nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización“.

La sexta enmienda sigue centrándose en los derechos de los acusados en las causas criminales. Específicamente la misma establece que “en toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda“.

La enmienda séptima esencialmente nos adentraría en el terreno de la “cosa juzgada”, es decir, ante la imposibilidad de volver a juzgar lo ya juzgado. Todo ello al amparo de su dictado: “el derecho a que se ventilen ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario en que el valor que se discuta exceda de veinte dólares, será garantizado, y ningún hecho de que haya conocido un jurado será objeto de nuevo examen en tribunal alguno de los Estados Unidos, como no sea con arreglo a las normas del derecho consuetudinario“.

La octava enmienda limita la desproporcionalidad de las penas dictando que “no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas“.

La novena enmienda dice que “no por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo“. Dicho de otra forma podemos decir que este precepto limita el poder absoluto de la Constitución diciendo que si bien la misma recoge determinados derechos ello no significa que la misma niegue o menosprecie los derechos del pueblo aún y cuando no se recojan en la misma Constitución.

Y finalmente, la décima enmienda trata sobre las competencias de cada uno de los Estados que conforman la nación y las competencias de la nación en general o las del pueblo. Todo ello al dictado siguiente “los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, queda reservados a los Estados respectivamente o al pueblo“.