Caso práctico de desalojo

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Pongámonos en situación: unas décadas atrás, en el Madrid de los años 60 del siglo XX, unas personas deciden ocupar unos terrenos entonces deshabitados y establecer ahí su vivienda. Tal ocupación, a todas luces ilegal, puede adquirir carta de naturaleza de cierta legitimidad, o incluso legalidad, si las autoridades competentes del momento no actuaron para proceder al desalojo y si las autoridades públicas que desde entonces se han sucedido además se han esforzado en dotarle de una cierto estatus legitimador que sin duda no tenían. Veamos el caso.

En situación

En primer lugar, cabe decir que el caso aquí analizado trata sobre el legítimo morador de una infravivienda construida en uno de esos terrenos que sus antepasados ocuparon considerando el mismo que es el legítimo titular en base a que lo demuestra la titularidad catastral de la misma, así como demuestran su condición de legítimo morador los demás servicios e incluso empadronamiento en la misma.

Caso práctico de desalojoEl mismo alude a que desde la década de los años 60 del siglo XX su familia está instalada y reside, de forma constante, en el solar y casa construida. Por ello, y a tenor de lo que se establece, entiende que le corresponden todos los derechos sobre la misma por prescripción adquisitiva.

El mismo entiende que resulta clara la instalación y residencia pacífica en el solar y en la casa construida, pues ya no sólo la administración pública competente desde el año 1962 y hasta hoy ha tolerado y consentido dicha instalación y residencia permanente, sino que además la ha habilitado por la tácita y por los hechos pues la misma ha cobrado los impuestos municipales que corresponden, etc.

Entiende que queda probada la legitimidad de la instalación en el solar y casa establecidos, máxime cuando la misma administración municipal pública competente ha sido corregida – en el caso que en este artículo nos atañe- reiteradamente por la autoridad judicial al negar –reiteradamente- la petición de desalojo de la misma, pues –entiende- no corresponde el desalojo dado que no puede inferirse que se trata de una ocupación nueva o que se produzcan unos hechos distintos a los expuestos anteriormente cuando es notorio que hace más de cincuenta años que dichos moradores están instalados en el lugar y que en el solar está construida la infravivienda que ahora se pretende desalojar, considerando además que la administración pública competente en cada momento siempre ha actuado por pasiva y por activa permitiendo y alentando tal asentamiento.

La actuación de la administración pública

A pesar de todo ello la administración pública actual sí que entiende que existen motivos para proceder al desalojo y va realizando distintas medidas al respecto, una de ellas catalogar el lugar donde se encuentra ubicada la infravivienda como zona verde. Una calificación que la persona afectada del caso aquí analizado desdeña de pleno entendiendo que no se puede dar ese calificativo de zona verde al solar en el PGOUM del año 1986, y ratificarlo en su actualización pues –entiende- queda claro que desde el año 1962 había legítimos residentes en el solar. Un solar con casa construida y la aceptación municipal permanente.

Ante todo ello, y si bien el afectado manifiesta que no tiene ningún interés en que le expropien (este es el término al cual debemos referirnos según la interpretación de la persona afecta en el caso en este artículo aquí analizado), y que entiende que no corresponde pues entiende que además de resultar legalmente imperativo, la misma administración pública en su documento de revisión del PGOUM fechado en marzo de 2012 reconoció que, con carácter general, toda la recuperación de terrenos que no le correspondan deberán realizarse en base a la expropiación y al justiprecio de la misma y no en base a la “constante k” que fue anulada por el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid). A todo ello, hay que sumarle que la LSM (Ley del Suelo de Madrid vigente) que tal proceso de expropiación deberá realizarse en el plazo de 5 años desde que exista un plan para ello y si en ese plazo no se ha hecho, es el propietario o el causahabiente del lugar el que podrá instar a que se le resarza por el lugar que le pretenden expropiar, resultando claro que en este caso los 5 años están más que vencidos.

Solución al caso

Analizado todo lo anterior vemos que la resolución al asunto puede seguir distintos cauces, y es voluntad de quien este artículo firma que sea el lector del artículo el que interprete la resolución en ley y justicia que debería corresponder a este asunto, valorando el autor distintas soluciones pero sin juzgarlas detalladamente. Así, vemos que las principales soluciones que se pueden producir son las siguientes soluciones:

Que la administración pública acuda nuevamente a los juzgados en busca de lograr que se autorice el desalojo. Situación nada fácil pues existen distintas sentencias contrarias a ello y nos encontramos también con el hecho de “cosa juzgada” pues de entrada no existen nuevos elementos que modifiquen la situación.

Que la administración pública desista de intentar el desalojo. Caso difícil también pues la urbanización de los terrenos y las infraestructuras requerirán de los mismos.

Que la administración pública desaloje el lugar, lo trate en base a una expropiación, es decir en base al “justiprecio” y a un proceso expropiatorio pleno, con garantías y otros preceptos que deben ser considerados por el morador. Quizá una de las opciones más rápidas, relativamente asequibles y sencillas, si bien significa por parte de la administración pública una cierta derrota y otorgar unos beneficios al morador que no resulta claro que le correspondan.

Que se reconozca la legalidad del asentamiento solar y de la casa (infravivienda) a los efectos de ser el morador de la misma, ya no sólo legitimo morador sino ser también legal propietario y morador, pues sólo así podrá ejercer todos los derechos y títulos sobre la misma. La situación ideal para el morador sin duda, pero la que incrementa las dudas de si corresponde dar esas prebendas a unos moradores que ocuparon ilegalmente tales terrenos, además de poder resultar inviable por el mismo calificativo urbanístico del lugar, entre otras consideraciones.