Caso práctico: ¿Robo, apropiación indebida o incumplimiento de contrato?

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Análisis de un caso práctico. Veamos con un caso práctico (ficticio) las diferencias que pueden existir a nivel jurídico para una misma acción.

En este artículo vamos a tratar un caso ficticio pero que nos puede servir a estilo de caso práctico para analizar las diferencias que pueden existir a nivel jurídico para una misma acción. Concretamente vamos a analizar como una situación parecida puede dar lugar a situaciones jurídicas muy distintas y con consecuencias legales muy diversas, pues pueden ir desde la mera condena a satisfacer una cantidad económica hasta terminar en la cárcel.

La situación

Imaginemos que el día 1 de enero del año X alquilamos un vehículo (o cualquier otro bien que se pueda alquilar) e imaginemos que lo hemos alquilado hasta el día 15 de enero de ese mismo año. Entonces una vez llegado a la compañía que nos arrienda el bien no se lo devolvemos, la compañía en cuestión se pone en contacto con nosotros y nosotros no procedemos a alargar el contrato sino que seguimos sin devolvérselo. La compañía intenta en reiteradas ocasiones contactar con nosotros y no atendemos a sus requerimientos, finalmente la compañía no tiene otra opción y presenta denuncia contra nosotros por robo del vehículo. Pasa el tiempo, y un día, estando parados en un semáforo nos detiene una patrulla policial, pues han detectado que esa matrícula les figura como matrícula de un vehículo robado. Nos detienen, nos llevan a comisaría y nos pasan a disposición judicial bajo la acusación de robo, ¿realmente existe robo? Veámoslo.

Un análisis superficial puede llevarnos a concluir que sí, que efectivamente existe un delito de robo en esa acción y eso es lo que probablemente se escuchará en el sentir de la calle si se expone este supuesto; el común general de las personas dirá que esa persona “ha robado” el coche, pero jurídicamente no siempre es así, es más, jurídicamente podemos decir que tal y como está expuesto no deberá ser considerado robo, y puede que incluso con leves matices en las circunstancias de los hechos no existiese ni ilícito penal, es decir, puede que no existiese ni delito. Veamos los motivos.

Tres supuestos diferentes

Dicho lo anterior veamos los motivos que nos deben llevar a concluir el motivo por el que se indica que un supuesto producido exactamente como se ha indicado en el caso anterior no debe ser considerado un delito de robo; entonces ¿qué tipo de delito es (si es que es un delito) y cuáles son las causas? Veamos ello analizando primero el motivo de por qué no puede ser un delito de robo y lleguemos a la concusión descartando las otras figuras.

Un caso que se produzca exactamente como el comentado anteriormente no debe ser considerado un delito de robo pues tal y como dicta el mismo Código Penal vigente en el ordenamiento jurídico español se exige que para que éste exista debe producirse el uso de “fuerza en las cosas” o “violencia o intimidación en las personas” (art.237 CP); en el caso expuesto queda claro que no nos encontramos ante un supuesto de robo pues la persona que arrienda el bien en ningún momento emplea fuerza para poseerlo y no intimida o violenta a nadie para ello. Otro caso hubiese sido que hubiese entrado en la tienda de alquiler y, por ejemplo, navaja en mano, hubiese exigido las llaves y se hubiese llevado el vehículo o que hubiese forzado éste para ponerlo en marcha e irse con él, pero resulta obvio que lo aquí expuesto no se ha producido de ninguna de estas maneras; por ello descartemos el supuesto de robo.

Descartemos posteriormente el supuesto que no resultaría ilícito penal, descartemos el mero incumplimiento de contrato que en todo caso sería una figura civil, sin (en ningún caso) penas de prisión, pues en este supuesto no nos encontramos ante una figura de una discusión contractual en la que una parte simplemente no la cumpla, nos encontramos ante un caso claro de una persona que tiene un vehículo, vence su contrato y sin ninguna intención ni motivo se niega reiteradamente a devolverlo, mostrando así intención manifiesta de apoderarse de él.

Otro caso habría sido que esta persona hubiese arrendado el vehículo, y una vez cerca de su vencimiento, o incluso vencido, hubiese contactado con la compañía arrendadora para alargar el contrato de arrendamiento y en ese periodo su tarjeta de crédito no funcionase, no pudiese o quisiese pagar o lo que fuere (por ejemplo que él lo alargase telefónicamente, pero luego la compañía no lo reconociese en el caso por ejemplo de que él sufriera un accidente), siempre y cuando él pudiese demostrar que realizó esa llamada y alargó el alquiler del vehículo) y no tuviese derecho al mismo alquiler pero no se negase a devolverlo, sino que finalmente voluntariamente, y sin intención manifiesta de negarse a ello lo devolviese, en ese caso se podría llegar a plantear que no cabrían consecuencias penales, pero no nos encontramos ante ese supuesto.

¿Ante qué supuesto nos encontramos entonces? Por todo lo anterior, y analizado este caso ficticio pero práctico, nos cabe llegar a concluir que sí que existe infracción penal en tal acción pero no de robo tal y como solicitaba en su inicio la compañía; en todo caso la figura penal que aplicará en este caso es la figura de apropiación indebida, ¿y por qué aplica esta figura delictiva menor que el robo?

Se puede llegar a la conclusión que aplica la apropiación indebida pues es cierto que existe voluntad de apoderarse de algo que no le corresponde al enjuiciado, pero también lo es que esta acción no se puede catalogar ni en las figuras de robo o hurto, ni en ninguna otra figura penal que no sea la aquí mencionada.

Por todo lo anterior cabe llegar a la conclusión que si bien al existir intención manifiesta de apoderarse ilícitamente del bien no cabe entender que es un tema meramente civil, tampoco cabe aplicar los otros supuestos y es que el articulado del delito de apropiación indebida lo deja bien claro “los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros” (art. 252 CP).