Caso real de un mal uso de zona privada

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En este artículo vamos a tratar sobre un asunto real, que afecta a una población real y a personas reales. Por supuesto, no se va a nombrar ni la población, ni se van a dar nombres o datos significativos que pudieran permitir identificar a tales personas, pero sí que se va a exponer el caso en general, por un lado, para denunciar un hecho que cada vez sucede más en nuestros pueblos y ciudades y, por otro lado, para visualizar como existe una gran importancia entre que un elemento se encuentre en terreno público o bien que lo haga en un terreno privado.

Pongamos el caso de una familia de etnia gitana, residente en una población semi-rural, relativamente alejada de su capital de provincia y pongamos que esta familia se dedica desde hace muchos años al negocio de la chatarrería y que para ello tiene un terreno de su propiedad donde almacena la chatarra con la que comercia.

Esta familia, durante años, ha vivido en tal población en una vivienda, pero con el estallido de la burbuja financiera y también a causa de otras cuestiones personales la misma ha sido desahuciada de su vivienda. Una parte de esta familia ante el riesgo de quedar a la intemperie decide instalar (anclada al suelo) una caravana dentro del terreno donde tienen depositada la chatarra y alojarse en la misma, ¿es legal? ¿Puede pedirse que les expulsen de tal “vivienda”? Veamos.

chatarraObviamente, resulta claro y evidente que nos encontramos ante un claro caso de problemática, ante todo, social, pero también resulta claro y evidente que además de ser ellos mismos perjudicados por vivir en cuestiones de práctica insalubridad, su permanencia en tales condiciones puede molestar a vecinos de su entorno y, sobre todo, puede llegar a poner en peligro el propio entorno.

La solución a la cuestión anterior no es fácil, pues no se está hablando de una mera ocupación ilegal de la vía pública mediante acampada (o en este caso construcción) ilegal. En tal caso, las fuerzas del orden público podrían actuar (en caso de existir voluntad para ello, pero ese es otro tema) con mayor contundencia, pero al encontrarse la misma “vivienda” en territorio privado, que no de uso privativo que sería distinto, la situación no resulta tan fácil, pues no se puede intervenir sin la orden de un juez, y para que exista la orden de un juez debe haber una denuncia de parte.

Entonces, ¿lo anterior significa que estas personas tienen total potestad para hacer lo que les venga en gana e impunidad por ello? Obviamente, también teóricamente no, desgraciadamente en la práctica prácticamente sí.

En la práctica, las autoridades policiales no actúan, pues al no encontrarse en un terreno público no pueden hacerlo y no pueden hacerlo, pues no existe denuncia de nadie que solicite que se termine con una situación claramente ilegal.

Para que se pudiese actuar debería por un lado existir una denuncia por ejemplo del propietario del terreno solicitando la desocupación del mismo, en este caso al formar parte del mismo entorno esta opción queda descartada y, por otro lado, podría existir denuncia de cualquier tercero (autoridades o no) instando al desalojo, mejor dicho a la exigencia de retirada de una infravivienda que no tiene evidentemente permisos de construcción ni licencia o cédula de habitabilidad alguna.

En caso de que la parte se negase al desmantelamiento, siempre podría instarse a su demolición, pero todo ello siempre será en cualquier caso un proceso largo y costoso, y además no exento de riesgos, pues en una población de tales dimensiones (desgraciadamente e injustamente) pocos se atreverán a alzar la voz por posibles represalias de gente con la que se cruzan cada día.

Más allá de ello, cabe realizar algunas consideraciones finales, pero de importantísimo calado: el factor que se ha mencionado al inicio de este artículo de la caravana anclada al suelo cambia por completo el asunto, pues sitúa a la familia como en una vivienda construida dentro del terreno y también resulta sumamente relevante que el hacer fuego en el terreno para calentarse, mantener el terreno con hierbajos y demás elementos que pongan en riesgo la seguridad de la población en conjunto son otras vías de ataque para intentar lograr condenas (o medidas cautelares para terminar con el riesgo que tales acciones suponen) que minen la capacidad familiar y lograr de algún modo terminar con estos actos ilegales que nos perjudican a todos.