Cómo acogerse a la prescripción para evitar el embargo por sanciones de tránsito

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Si somos “víctimas” de los intentos de embargarnos por deudas tributarias que podamos tener con la administración, debemos saber que existen distintas formas de terminación del proceso para que al final el embargo no se termine ejecutando y, por supuesto, estamos hablando siempre desde los mismos cauces legales que la misma ley prevé. En este caso la vigente Ley General Tributaria.

Indicar a la persona lectora que en ningún caso puede, ni debe, interpretarse este artículo como un alegato a no pagar las sanciones que se nos hayan impuesto. Las sanciones están para ser pagadas y esa es nuestra obligación, y no deberemos realizar, ni este es consejo para realizar, ninguna acción dolosa ni que persiga el impago o el retraso en el pago de la misma, pero este artículo sí que debe interpretarse como un alegato, como un manifiesto a que la persona que tiene las sanciones utilice, si le corresponde, todas las herramientas que la ley le permite al respecto.

Cómo evitar el embargo en sanciones de tránsitoAntes de entrar en materia, indicar también un detalle que a muchas personas les podría pasar desapercibida: al hablar de deudas tributarias son muchos los que nunca dirían que por ejemplo las multas de tránsito impuestas por la policía local, por el ayuntamiento de nuestra ciudad, son consideradas como tales. Pues bien, hay que destacar que sí que lo son, y es que las mismas son digamos que conducidas por la hacienda municipal de la localidad.

Distintas vías de terminación, pero una vía clave

Un aspecto que tiene que quedar muy claro es que aquí estamos hablando de la posibilidad de que una acción de embargo contra nosotros no pueda producirse, no estamos hablando de la nulidad de las sanciones ni de otras prescripciones de las mismas en otras fases del proceso. Dicho de otro modo, en este artículo de lo que se trata es de ver cómo por ley podemos librarnos de un embargo cuando una sanción o sanciones contra nosotros ya están en vía ejecutiva y en proceso de embargo, no cuando nos han multado y debe empezar a incoarse la sanción, ni cuando podemos recurrir la misma, ni otros puntos. Aquí de lo que se trata es de evitar un posible embargo, no de recurrir una multa.

Llegados a este punto diremos que en realidad nos encontramos con distintas vías de terminación del proceso que la vigente legislación prevé, pero no merece la pena ni detenernos en todas ellas, ni merecen en realidad la pena de ser nombradas para el objetivo que aquí nos ocupa. En realidad, sólo una nos interesa de ser mencionada y ese es de la prescripción de la facultad de la administración para ejecutar el embargo contra nosotros.

Si a ello queremos referirnos hemos de centrarnos en la prescripción del derecho a exigirnos el pago. Una prescripción que afecta a la administración pública y que de cumplirse los requisitos que la ley establece impedirán que puedan embargarnos por ese expediente que la administración tiene contra nosotros.

Cabe decir que según la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dicho plazo de prescripción es de 4 años, y ello es así pues según establece el art. 66.2 b) de la LGT prescribe en tal plazo “el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”.

Dicho de otro modo lo anterior, si transcurren 4 años podremos decir que ya no podrán embargarnos por ello, pero atención pues existe una importante salvedad y consideración que debemos conocer.

Dicho plazo aplica siempre y cuando no aplique lo establecido a lo largo del artículo 68.2 de la LGT, concretamente por más destacado a lo establecido en su apartado a) donde indica que dicho plazo de prescripción quedará interrumpido “por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria”.

La importancia de la comunicación

Entonces, visto todo lo anterior, ¿cuándo podremos decir que ya no nos pueden embargar por sanciones tributarias impagadas que tengamos? En realidad diremos que ya no corresponderá que puedan embargarnos no cuando haga 4 años de la deuda, sino que será así, siempre y cuando en ese periodo de tiempo no nos hayan logrado comunicar formalmente, como corresponde, los escritos que nos haya dirigido la administración para intentar que le paguemos.

Dicho de otro modo también lo anterior, la clave la encontramos en lo dispuesto en la misma ley sobre el concepto de “conocimiento formal del obligado tributario”, es aquí donde se encontrará la clave de todo, y es que si la administración pública no puede demostrar que nos ha comunicado en forma correcta en tal plazo de tiempo tales escritos perderá el derecho a seguirnos reclamando.

Destáquese a lo anterior que para que se considere que tenemos el conocimiento formal debido debemos haberlo recibido en persona y haber firmado nosotros. De nada le servirá a la administración pública otros sistemas que supuestamente acrediten nuestra recepción, si esa recepción no se ha producido física y directamente por nosotros, aún y cuando otras fórmulas puedan parecer de entrada formales.

Quien se encuentre dentro de este supuesto (de saber que durante un plazo mínimo de 4 años no se le ha podido notificar a él directamente y firmado por él nada relacionado con el pago de esa deuda) la recomendación clave es que dirija un escrito al organismo competente que corresponda para solicitar que se paralicen todas las acciones contra él por ese expediente y que se anulen y queden sin efecto todas las sanciones que en el mismo se encuentren insertadas por la aplicación del artículo de la LGT anteriormente mencionado y por la no aplicación de los supuestos de interrupción que cómo hemos visto marca también la LGT.

Si una vez instado esto la administración siguiese con sus trece, la siguiente recomendación sería solicitar una vista del expediente para que nos demuestren que nos comunicaron en forma lo que aleguen habernos comunicado para no cancelar el expediente, y si aún y así la administración no se aviene a atender nuestra petición no quedará otra que acudir a los juzgados en defensa de nuestros intereses, haciendo responsable a la administración ejecutante de los daños que nos puedan causar si ilegítimamente proceden con un proceso que legalmente debería estar prescrito.