Cómo evitar el pago de las tasas judiciales

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Desde el Ministerio de justicia, se han promovido en los últimos tiempos un sinfín de reformas judiciales que han causado el revuelo de una parte importante de la Sociedad. A las ya mencionadas en artículos anteriores, sumamos la polémica reforma (subida) de las tasas judiciales, que representa para algunos, una forma de hacer más inaccesible la justicia a las personas con menos posibilidades económicas, estableciendo una “justicia para ricos”. No entraremos aquí en ese debate, sino que nos limitaremos a esclarecer algunos de los puntos más destacados de la reforma y a dar algunas claves para intentar eludir dichas tasas. No obstante, como siempre aconsejamos desde La Web Legal, si necesitas iniciar un procedimiento judicial, busca el asesoramiento de un profesional. Recuerda que los abogados no están solo para defenderte en un juicio, sino que tienen el deber de asesorarte en los pasos previos al mismo y orientarte de la mejor forma posible para que obtengas los mayores beneficios personales y económicos.

Evitar las tasas judiciales¿Qué son las tasas judiciales?

Muchas veces, los medios de comunicación hablan de determinados conceptos complejos como si el común de los mortales conociera de los entresijos políticos y económicos y dominara a la perfección toda esa nomenclatura.

Con la modificación y subida de las tasas judiciales nos bombardearon durante un largo periodo de tiempo, pero es cierto que muchas personas, si bien teniendo una idea general de las mismas, no tenían y siguen sin tener claro el concepto de base o no conocen los datos objetivos que las rodean. Dirigido a ellas va esta primera parte del artículo. Veamos entonces a continuación, qué es una tasa judicial.

Las tasas judiciales son un tributo, una cantidad económica que se debe pagar al acudir a los Tribunales y usar el servicio de la Administración pública de Justicia “en los órdenes civil, contencioso – administrativo y social”. Ya vemos que en los procedimientos de carácter penal no se establecen tasas judiciales. Más adelante veremos que la orientación de muchos procesos a través de este orden está siendo utilizada en la medida de lo posible por los abogados para intentar eludir las tasas.

Este tributo es estatal; no se regula a través de las Comunidades Autónomas, sino que se trata de un asunto gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que se cobra desde el año 2003, si bien, en los últimos años se ha llevado a cabo un incremento en las cantidades a pagar a la hora de presentar una denuncia o iniciar un procedimiento judicial en la Administración de Justicia. Actualmente, nos regimos en materia de tasas judiciales por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, y su modificación en el Real Decreto – Ley 3/2013 de 22 de febrero. Según el Ministerio de Justicia, esta Ley de tasas surge como una modificación básica y necesaria para el buen funcionamiento de la justicia gratuita, puesto que con ella se garantiza la suficiencia de recursos del sistema.

¿En qué casos tenemos que pagar tasas judiciales?

Este punto es importante, pues del análisis de los casos obligatorios, deduciremos a posteriori cómo intentar eludir dichas tasas.

Tal como se desprende de los textos legales mencionados, tendremos que pagar en los siguientes supuestos:

  • En “la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo”.
  • En “la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales”.
  • En “La interposición del recurso contencioso-administrativo” (modificado en el Real Decreto).
  • En “la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil”.
  • En “la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”.
  • En “la interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social”.
  • En “la oposición a la ejecución de títulos judiciales”.

Para hacerte una idea de las cantidades exigibles en formato de tasa judicial, pincha aquí.

¿Cómo puedo evitar las tasas judiciales?

Una vez que hemos presentado algunas de las consideraciones objetivas aprobadas por Ley sobre las tasas judiciales, entramos de lleno en la segunda parte de nuestro artículo. ¿Cómo podemos evitar el pago de las mismas, o en su defecto, conseguir su reducción? Sigue leyendo y verás algunos de los trucos que tu abogado puede utilizar para aminorar esta carga económica.

1. La Ley indica que existen “personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita“. Esto no es un truco, es un derecho. Si crees que por tu situación personal y/o económica podrías tener el perfil, debes intentar acreditar que cumples los requisitos propuestos en la normativa reguladora a tal fin. Tu abogado podrá gestionar esta solicitud de derecho a la justicia gratuita.

2. En segundo lugar, existen una serie de exenciones a la norma, que habrá que saber aprovechar. Ten por seguro que tu abogado de confianza utilizará estas armas en tu propio beneficio. Por ejemplo, según la Ley, no habrá que pagar tasa judicial, en “la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros“. Pero en este punto, mucho cuidado, porque en ocasiones, administradores, asesores o abogados pueden utilizar reclamaciones judiciales fraccionadas para evitar llegar a los dos mil euros (por ejemplo, en casos de morosidad de una Comunidad u Organismo). Decimos que hay que tener cuidado, porque existe un principio denominado de preclusión (LEC), que de aplicarse, podría acarrear que solo se perciba la cantidad de la deuda reclamada en la primera demanda interpuesta. Tratándose de ajustes en las cantidades solicitadas, también se puede tramitar un procedimiento verbal, en lugar de uno ordinario, consiguiendo con esto, si bien, no eliminar el total de la tasa, sí reducirla bastante.

3. Otro punto importante de las exenciones es el de “la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración“. En estos casos de silencio administrativo, la idea es recurrir al contencioso – administrativo antes de la resolución expresa de la Administración. Un ejemplo lo encontramos en el recurso a las multas de Tráfico. Un alto porcentaje de las mismas se tramitan por la vía administrativa, por lo que no hay que abonar tasas judiciales, pero en los casos en los que hay que recurrir a la vía judicial, aprovecharemos que la Administración no suele responder en el mes que tiene de plazo para interponer nuestra demanda y ahorrarnos así las tasas judiciales.

4.  Por otro lado, tal como comentábamos anteriormente, la Ley de tasas judiciales es muy concreta cuando en su artículo uno dice que se aplicará “en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social“. En la jurisdicción penal tienen una basa nuestros abogados, que podrán elegir esta vía para llevar a cabo los procedimientos, en aquellos casos que puedan resolverse por varias vías (incluida esta) y cuando el profesional vea claras posibilidades de éxito, con el fin de evitar el archivo de la misma.

5. Otro aspecto a tener en cuenta, en este caso para los casos en los que se trate de procedimientos de trabajadores, es que tendrán una exención del 60%en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación“. Del mismo modo, en el caso de los funcionarios de las Administraciones Públicas, cuando estos actúen defendiendo los derechos presentes en sus estatutos en lo contenciosos – administrativo, también se aplicará esa reducción del 60% de las tasas a pagar. Si no podemos evitar el pago total de las tasas, al menos se trata de una buena reducción de las mismas.

6. En algunos casos, puedes conseguir que el juzgado que tramita tu causa, “olvide” requerir o no tramite el cobro de la tasa judicial. Evidentemente, estos “errores” se cometen a propósito, con el fin de aligerar la pesada carga al ciudadano. No olvidemos que una amplia representación de los trabajadores judiciales ya manifestó su oposición a la Ley presentada por el Ministro Gallardón.

7. Si no conseguimos eliminar ni reducir las tasas judiciales, siempre podremos recurrir a las devoluciones contempladas en esta Ley, como por ejemplo,

  • La devolución del 60 % del importe abonado en la tasa judicial, “si se produce el allanamiento total de la parte demandada o se alcanza un acuerdo que ponga fin al litigio“. Dentro de lo recogido en la Ley.
  • O la devolución del 20 % del importe cuando se acuerde una acumulación de procesos. Nuestro abogado puede utilizar esta táctica de acumulación de procesos para reducir los costes judiciales.

8. Finalmente si nuestro abogado viera la posibilidad, podría acudir a la vía de la inconstitucionalidad para intentar eliminar el pago de la tasa judicial. Esto tiene una parte negativa, y es que, en caso de que se admitiera el trámite por esta vía, el procedimiento podría demorarse durante años.

Sin duda existen un sinfín de vericuetos que nuestro abogado de confianza podrá utilizar para beneficiarnos, así que no dudes en asesorarte convenientemente y por supuesto elige un buen profesional para ello.

Si lo deseas puedes leer más sobre el tema en nuestro artículo de análisis “sobre las tasas judiciales y el derecho a la tutela judicial efectiva

Leer más: Las tasas judiciales en la actualidad. (Febrero de 2015)