Cómo se elaboran las leyes en España y qué sucede con los tratados internacionales

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Que en nuestro país, como en el común de los países desarrollados, existe un importante cuerpo legislativo resulta más que obvio, lo que muchos desconocen es cómo – a partir de lo que establece la Constitución Española al respecto- se elaboran las leyes que conforman ese cuerpo legislativo.

Por otro lado, también resulta obvio que más allá de las normas, reglas y leyes que existen dentro de España existen otras de alcance internacional, y muchas personas desconocen también qué impacto tienen estas sobre el Cuerpo legislativo español; en este artículo vamos a intentar dar respuesta a estas dos cuestiones.

Cómo se elaboran las leyes en España

Entrando en materia sobre la elaboración de las leyes en España diremos que “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (art.81.1 CE) y que “La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto” (art. 81.2 CE).

También resulta muy destacable lo que dicta el artículo 86.1 de la CE, un artículo no muy conocido pero relevante cuando expone que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

Cómo se legisla en EspañaAhora bien esta potestad de dictado no es ilimitada ni atemporal, máxime según lo establecido en el artículo 86.2 CE. Artículo que expresa claramente que “Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario”.

Al respecto de todo lo anterior también resulta muy interesante de remarcar que “La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras” (art. 87.1 CE) y que “las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa” (art. 87.2 CE), sin olvidar que los ciudadanos también pueden instar directamente a legislar invocando el artículo 87.3 de la CE, ateniéndose a lo dictado en el mismo “una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

Normas y tratados Internacionales

En relación a las normas y tratados internacionales debemos diferenciar entre tres grandes supuestos: las normas de otros Estados, las normas que provienen de entes supranacionales pero comunitarios, como por ejemplo las normas de la Unión Europea para formar parte de su “club” de estados, y en último lugar las normas que trascienden a órganos nacionales o comunitarios y que tienen que ver con el sometimiento a lo establecido en cartas, convenciones o demás en relación a los derechos humanos u otros.

En el primer caso, si nos referimos a leyes que afectan y atañen única y exclusivamente a la realidad concreta de otros estados, es decir, que se circunscriban a la íntima esfera de estos, diremos que a priori ni tiene porque tener ningún impacto en la realidad legislativa española, pues dentro de sus competencias legislativas pueden dotar a su Estado de las normas concretas que deseen sin que ello tenga porque afectar ni ataña a las normas que sobre ese asunto o análogos pueda tener otro estado. Ahora bien esto, en un entorno cada vez más globalizado, cada vez más difuso, todo está mucho más interrelacionado y ello nos adentra además en la necesidad que veremos a continuación de que las normas de los estados no contravengan por ejemplo a la UE si formamos parte de ese “club” de estados, por lo que a priori, si bien la normativa nacional no impacta directamente en la doctrina nacional de otro estado sí que cada vez más se tienen a una doctrina común por ejemplo en el marco comunitario por lo que se puede decir que al final todas las normativas nacionales terminan siendo altamente equiparables, pero en pureza, y para normativas de alcance tan sólo nacional diremos que esas normas afectan sólo al estado en cuestión.

Caso distinto como hemos visto es el que nos conduce al segundo supuesto, pues en este vemos que si queremos formar parte por ejemplo de la UE, para ser parte de ese “club” de estados deberemos cumplir las normas que el mismo “club” nos impone para ser admitidos en el mismo, y para permanecer en él. Así, si por ejemplo en una normativa estatal existe una norma que permite algo que prohíbe la UE, la norma nacional deberá adaptarse a lo que se establece comunitariamente.

Lo anterior también sucede exactamente con las cartas de derechos humanos y demás a las que se someta España, en todos estos casos las normas españolas no podrán contravenir a lo que se ha comprometido España para formar parte de esos organismos, instituciones, etc. Y todo ello al amparo de lo que establece la Constitución Española al respecto en su artículo 96.1 donde dice que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.