Conociendo la Ley de Carreteras

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La Ley de Carreteras es otra de esas leyes que no es una de las grandes conocidas de la sociedad, pero sin duda por la gran trascendencia que tiene no es una ley menor. La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (resulta vigente desde el día 19 de agosto de 1988, cuenta con una revisión del 31 de enero del 2003), suenan tambores de cambio y la ley vigente tiene puntos interesantes que comentar. Veámoslos.

A grandes rasgos podemos decir que esta ley trata sobre aspectos tan importantes de las carreteras españolas como son por ejemplo la planificación, estudios y proyectos de las mismas, la construcción, financiación y explotación de estas, así como de las limitaciones de la propiedad de las mismas, los usos de estas, las infracciones y sanciones, y aspectos relacionados con las travesías y redes arteriales.

autopista de peajeUno de los asuntos que referente a las carreteras ha estado más en boga en los últimos tiempos es el de la financiación y explotación de las mismas. En relación a ellos la Ley de Carreteras establece lo siguiente:

El artículo 13 de la ley establece que la financiación de las carreteras corresponderá e irá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, si bien la misma ley también permite otras formas de financiación de las mismas. Concretamente, la ley dice que las carreteras españolas son susceptibles de ser financiadas con recursos procedentes de otras administraciones públicas, así como a través de fondos que aporten organismos nacionales e internacionales, y finalmente la ley dicta una forma de financiación que quizá sorprenderá a muchos y que de buen seguro es prácticamente desconocida por todos: la Ley de Carreteras permite la financiación de las mismas por parte de particulares, si bien la misma ley establece para estos el carácter excepcional de la financiación.

Aún a colación con la financiación de las carreteras, y más allá de permitir la ley que las mismas se financien también con contribuciones especiales, la misma regula un tema que es muy delicado y muy espinoso en algunas comunidades autónomas. Concretamente, la Ley de Carreteras establece que las carreteras (entiéndanse por ejemplo las autopistas) que se exploten mediante un régimen de gestión indirecta, serán las empresas concesionarias que gozan de tales derechos de explotación las que se encargarán de la financiación de las mismas.

Adentrándonos ahora en la explotación de las carreteras lo primero que debe indicarse es que se entiende por explotación todo aquel mantenimiento y conservación que deba hacerse sobre la misma, así como todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas hacia la defensa de la vía y su mejora. Dentro de este último ámbito se encuadra por ejemplo la señalización de la carretera en cuestión, ordenación de accesos y otros aspectos.

Relacionado con la explotación, la ley establece que la misma corresponde, como regla general (pues también establece como ya se ha indicado antes la posibilidad excepcional de la gestión indirecta) al Estado, quien las debe explotar directamente y establecer el uso gratuito de las mismas por parte de los usuarios. Si bien ello no es una sentencia máxima y la misma ley establece que excepcionalmente puedan establecerse peajes por el uso de las mismas.

Las cantidades a abonar por los peajes de las carreteras que lo incorporen serán establecidas por el Gobierno de España y estarán exentos de pagar peaje “…los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los de las Autoridades Judiciales, las ambulancias, los de los servicios contra incendios y los de la propia explotación, en el cumplimiento de sus respectivas funciones específicas” (art.16.3).

Finalmente, y entre muchos otros puntos que podrían mencionarse, indicar que también queda establecido por ley la necesidad de que existan a lo largo de la carretera áreas de descanso adecuadas para los usuarios, como también regula los aspectos relacionados con la disposición de áreas de servicio en la carretera, así como todo aquello que exige que se reglamente sobre las medidas de seguridad y comodidad de las que deberán disponer los usuarios, las medidas de protección paisajista a aplicar y muchos otros aspectos que se quedan en el tintero, pero siendo sin duda los anteriores los aspectos más relevantes.