Consideraciones legales para vender a distancia

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Que el comercio se está transformando radicalmente en estos últimos lustros es algo innegable y a todas luces más que evidente, y que gran parte de esta trasformación se debe al auge del comercio electrónico también resulta notorio. Por ello, conocer las implicaciones legales particulares en las ventas llevadas a distancia puede sernos muy útil tanto si queremos ser comerciantes vía online, como si somos consumidores que compramos nuestros productos y/o servicios a través de Internet.

 Legislación sobre comercio electrónicoVentas presenciales Vs ventas a distancia

Vender es vender y comprar es comprar, esta afirmación que puede parecer absurda de mencionar y de Perogrullo exponerla, vemos que no resulta tan inútil de expresar cuando se comprueba que en muchas ocasiones parece existir la percepción social que las compras o ventas realizadas en tiendas físicas van por un carril paralelo, diferente, al de las compras y ventas realizadas de forma online, y no es para nada así.
Por ello es importante decir, destacar y enfatizar lo anterior, para hacer ver que en realidad las leyes y los reglamentos que nos asisten son en esencia los mismos y, en consecuencia, los derechos y obligaciones que de ellos emanan también, pero con sus particularidades y aspectos propios.
Lo anterior, que también puede parecer que resulta obvio, es un error común que cometen muchas personas cuando piensan que por comprar a través de Internet no tienen los mismos derechos (de recibir la factura, garantías, etc.) que si lo hacen comprando en la tienda física; los derechos y obligaciones son los mismos, absolutamente los mismos.

Particularidades de las ventas a distancia

Ahora bien, como se ha dicho también, que la base sea la misma no significa que no existan algunas particularidades concretas que difieran y apliquen en las ventas a distancia, pues obviamente la idiosincrasia misma de éstas difiere de otros tipos de venta, y en consecuencia genera nuevas y distintas realidades, distintas necesidades que deben tener su translación al marco legal para regular su funcionamiento.
Y es con esta intención que a medida que han ido avanzando las ventas a distancia y el comercio electrónico ha adquirido una importancia capital, que el legislador ha ido adaptando leyes y reglamentos, generando normas que organicen y den respuesta a esta realidad ya tan presente entre nosotros.
En este sentido, uno de los ejemplos más relevantes lo encontramos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, una ley que en su articulado despliega muchos de los aspectos que resultan imbricados directamente con las ventas a distancia.
Así, vemos por ejemplo que la ley va desgranando en su seno todo lo relacionado con los prestadores de servicios, a la vez que regula aspectos como por ejemplo –y entre muchos otros- las comunicaciones comerciales electrónicas de éstas realizadas por vía electrónica, así como las condiciones de contratación electrónica.
Entrando un poco más en detallada materia, vemos que dentro de estos dos grandes grupos mencionados (las comunicaciones comerciales electrónicas y las condiciones de contratación electrónica) específicamente destacan los aspectos siguientes:

De entrada debemos saber que para recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica deberemos haber prestado el consentimiento expreso para ello pues en caso contrario estaremos contraviniendo la misma ley, concretamente contraviniendo lo establecido en su artículo 21.1 donde su literal nos expresa que “Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”.

Es más, ya no tan sólo con la mera solicitud o aceptación expresa empezaremos a recibir todo tipo de publicidad, sino que esta además deberá provenir de aquel que podamos identificar completamente, tal y como queda establecido en el artículo 20.4 de la LSSI donde se dice que “En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo”.

Luego, en segundo lugar, y refiriéndonos a lo que resulta establecido para las condiciones de contratación, uno de los aspectos más interesantes lo encontramos al lugar en el que se considerará celebrado el contrato a los efectos y en el ámbito de lo que regula la LSSI. Factor muy importante en caso de tener que dilucidar controversias posteriores y que la ley trata en el artículo 29 donde establece que,

1- Para el caso de los particulares: “Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual”.

2- Para los supuestos donde en la operación intervengan profesionales o empresas: “los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios”.

Finalmente destacar que, los contratos celebrados vía electrónica tienen plena validez legal (art.23.1 LSSI), y que el mero soporte electrónico en el que resulte celebrado el contrato será prueba documental admisible de tal celebración (art.24.2 LSSI). Un último apunte de todo ello nos lleva a recordar también que el contrato celebrado vía electrónica es plenamente válido como se mencionaba y que el soporte electrónico resulta prueba documental válida, pero también para que ello sea así y el contrato adquiera plena eficacia deben cumplirse unos requisitos que la misma ley establece.

Tales requisitos que la ley establece los encontramos reflejados en el mismo cuerpo de la LSSI y los podríamos resumir en lo que se establece en el art. 27.1 donde –sin perjuicio en lo establecido en otros puntos de la misma ley- dicta que “el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos”.