¿Cuándo aplica la ley penal?

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En los últimos tiempos estamos viviendo una importante eclosión de presuntas irregularidades que afectan a la sociedad en general y que deben ser juzgadas para castigar si corresponde a sus culpables. Esta eclosión de importantes dimensiones y muy destacables consecuencias lleva aparejada la sensación generalizada en la sociedad de ansias de venganza, de que se haga justicia y de que todos los culpables terminen en la cárcel.

Esta sensación generalizada en la sociedad, este sentimiento de rabia que cala en lo más hondo de muchas capas de la sociedad, es lógica, comprensible y normal, pero también debe llevar a una reflexión, ¿todos los culpables deben ir a la cárcel? Probablemente no. Veamos.

Una cosa son los sentimientos, otra la ley

Tal y como se decía, resulta más que lógico que exista esta sensación generalizada en la sociedad de que los culpables paguen lo que deban pagar, pero atención que esta sensación entendida de una forma desbocada, sin control y sin hacernos las profundas reflexiones que tal aseveración contempla puede llevarnos a cometer un grave error: por un lado pensar que todo el mundo es culpable porque lo parece o porque se supone que lo es pero no se ha demostrado, y por otro lado puede llevarnos a pensar que todo el mundo que comete una irregularidad debe terminar en la cárcel, y eso se asemeja en realidad más a una caza de brujas en toda regla que a una petición legítima de justicia.

La Ley penal. Código penalEn este artículo no vamos a entrar a valorar el primero de los supuestos, es decir, no vamos a entrar a valorar en profundidad sobre si es justo o es injusto que ya se condene públicamente a alguien cuando aún no se le ha condenado en firme por parte de ningún juzgado.

Y no vamos a entrar a hacerlo pues ni corresponde hablar en este artículo de lo que podríamos denominar la pena de telediario, ni corresponde hacerlo pues debería resultar obvio que la presunción de inocencia debería prevalecer antes que cualquier otra consideración personal, ideológica o la que fuere, aunque en la práctica lamentablemente es lo que en muchas ocasiones sucede por una visión sesgada, por una sobre-reacción o por otros aspectos que escaparían al más elemental análisis legalista de la situación.

En este artículo vamos a reflejar sólo y tan sólo aquello que atañe a la estricta consideración legal de si todas las irregularidades deben terminar con el condenado en la cárcel.

Además de la penal hay otras jurisdicciones e incluso en la penal distintas capas

La respuesta a la anterior consideración debe llevarnos a responder con un rotundo no. No siempre todas las irregularidades deben terminar con la persona o personas condenadas en la cárcel, y ello es así porque existen distintas jurisdicciones sobre dirimir de los asuntos e incluso dentro de la jurisdicción que sí que posibilita las condenas a cumplir un tiempo de presidio existen distintas capas de condena, y muchas de ellas no tienen que suponer la cárcel de forma indefectible.

Como se está diciendo no se trata de si la sociedad pide venganza y justicia, no se trata de si a una persona se le debe condenar por simple presión social, ni tan siquiera se está hablando aquí de otros supuestos en los que los presuntos delincuentes no puedan ser juzgados porque sus presuntas fechorías hayan prescrito o por otros motivos, aquí se está hablando de que no todas las irregularidades deben terminar en la cárcel por mucho que a nosotros nos gustase que quien ha hecho esto o aquello termine con sus huesos entre rejas.

Así, por ejemplo, no es lo mismo si cometemos una acción que está castigada por la legislación civil, que si lo que cometemos es una irregularidad que está castigada por el orden laboral, seguro que a quien resulta afectado por alguno de estos asuntos le gustaría que su infractor terminase en la cárcel, pero no es así, pues esas cuestiones y sus consecuencias no suponen ni pueden suponer cárcel. Todo ello sin perjuicio de que por ejemplo se puedan cometer irregularidades en el orden penal que sí que estén tipificadas como ilícitas por el Código Penal, pero ese en todo caso sería otro tema.

Así, y tal y como establece el mismo Código penal vigente en España en su artículo 1 “no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración”, es más según el mismo Código Penal “no hay pena sin dolo o imprudencia” (art. 5 CP). Todo ello refuerza lo anterior, pues nos muestra que ya no sólo dependerá del tipo de acción u omisión que hayamos cometido que se nos juzgue o no por la jurisdicción penal, sino que además no se nos podrá exigir castigo penal si en la comisión de la acción u omisión en cuestión no existe dolo e imprudencia al realizarla u omitirla.

Pero aún hay más, pues aún y cuando nos encontremos ante el supuesto de que hemos cometido una acción u omisión ilícita, que la misma esté tipificada en el Código Penal, que se nos impute y acuse por la misma, y luego se nos condene, tiene que quedar claro que la pena no tiene por qué resultar indefectiblemente de prisión, pues no todas las condenas terminan ni en pena de prisión, ni aún y cuando terminen en pena de prisión significa que al final de forma efectiva se entre en prisión.

Debemos entender que la prisión (en un país donde por ejemplo no existen la pena de muerte ni ningún tipo de pena que suponga ningún tipo de castigo físico) es siempre la pena más elevada que nos pueden imponer, por la duración que sea, pero la pena más elevada. Ello quiere decir que siempre se tendrá en consideración no imponer la medida más justa pues igual no corresponde en proporción al delito cometido, por ejemplo pueden existir otras penas cómo multa u otras que no nos lleven a prisión y que de cara a lo establecido legalmente ya nos hagan pagar nuestro precio ante la justicia por el daño cometido.