¿Cuando es castigada la insolvencia?

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¿Es un delito ser insolvente? ¿Es un delito no poder pagar aquellas deudas en las que hemos incurrido y no podemos hacer frente? Depende, veamos aquí lo que dice la ley al respecto sobre la insolvencia.

De entrada cabe decir que aquí no estamos analizando si es delito o no es delito el incurrir en deudas a las que no podemos hacer frente. No estamos analizando nada de eso pues eso es un tema completamente distinto y en todo caso analizable en un artículo exclusivo para ello, pues en ese supuesto que la existencia de la deuda provenga de una acción dolosa e intencionada de provocarla o simplemente sea una deuda contraída circunstancialmente y fortuitamente por los avatares del día a día marcará que por ejemplo sea una figura delictiva o simplemente sea un incumplimiento de contrato que no tiene ninguna relevancia penal.

Pero como hemos dicho aquí no vamos a centrarnos en ese punto mencionado en el párrafo anterior que es un punto distinto y en todo caso de un estadio previo, pues para que se llegue a la situación de insolvencia primero se tiene que producir la acción de contraer la deuda que luego provoque esa insolvencia, y es en la insolvencia donde queremos focalizarnos.

Como se decía al principio que ser insolvente sea un delito o no lo sea dependerá de cómo se produzca esa insolvencia, ¿y en qué casos es una insolvencia punible y en qué casos no lo es?

Ser pobre no es delito, hacerse el pobre para no pagar sí que lo es

A priori se tendría que decir que ser insolvente no es ningún delito, no se puede pagar y punto, no existe delito en el empobrecerse -por cualquier motivo que nos hayamos empobrecido- hasta tal punto de no poder hacer frente a las deudas, es decir, no es delito ser pobre y no pagar, lo que sí que es delito es convertirse (o aparentar convertirse) en pobre para no hacer frente a las deudas contraídas, es delito intentar eludirlas.

Así, el vigente Código Penal establece entre sus artículos 257 y 261 bis aquellos supuestos en los que una insolvencia será castigada, aquellos supuestos en los que la insolvencia no será un mero hecho circunstancial sino que resultará una infracción penal punible y por tanto digna de castigo penal.

Concretamente el artículo 257 del CP establece que serán considerados reos de insolvencia punible aquellos que realicen alzamiento de bienes para no pagar a sus acreedores (art. 257.1 CP), y también aquel que “con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”, es decir, será coloquialmente dicho culpable de insolvencia punible quien se deshaga de su patrimonio para que no sea encontrado y embargado para pagar las deudas, o aquel que aún y no deshacerse del mismo dificulte con su acción el embargo del patrimonio de su propiedad.

Penas aplicables

Finalmente resulta interesante ver las penas que aplican en los supuestos de insolvencia punible:

El artículo 258 CP establece que serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses quien siendo “el responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente”.

Por otra parte, el artículo 259 CP establece las mismas penas para quienes una vez se encuentra admitida la solicitud de concurso “sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto”.

A colación de las declaraciones concursales destacar que quien se encuentra en esa situación por haber provocado dolosamente el agravamiento de la crisis económica o insolvencia que ha conducido a ella será castigado con penas de dos a seis años de prisión y multa de ocho a veinticuatro meses.

Del mismo modo, quien en el procedimiento concursal presente datos falsos relativos al estado contable con el fin de lograr la declaración de aquel, soportará penas de prisión de entre uno y dos años y multa de seis a doce meses.