De la declaración de las personas procesadas

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Si la persona que lee este artículo alguna vez ha sido procesada en algún proceso judicial de buen seguro que probablemente ya conoce algunos aspectos sobre la toma de declaración que le han realizado y demás, pero de buen seguro que desconoce detalles técnicos que resultan clave conocer. Del mismo modo si una persona nunca ha sido procesada judicialmente le puede resultar interesante conocer dichos detalles por si alguna vez, por cualquier causa, resulta procesada. Y eso es lo que vamos a realizar en este artículo, entrar en los detalles técnicos que establece la ley sobre la declaración en el proceso de las personas procesadas en el mismo.

Declaración en un proceso penal de los procesadosJurisdicción penal

Cabe destacar que todo lo expuesto en este artículo se circunscribe única y exclusivamente, se refiere sólo a la toma de declaración de las personas procesadas judicialmente en procesos penales, pues para las personas que se encuentren procesadas en otros ordenes existen otro tipo de consideraciones y de leyes aplicables que en este artículo no vamos a entrar a analizar.

Así, y centrándonos, única y exclusivamente en el ámbito penal, diremos que a este respecto deberemos estarnos a tenor de lo que sobre ello expresa la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Específicamente a lo establecido en su artículo IV, eso es el capítulo denominado “de las declaraciones de los procesados”, y que se encuentra desarrollado entre sus artículos 385 y 409 bis, ambos inclusive.

Así, podemos ver que lo primero que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que “el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del querellante particular, hará que los procesados presten cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos, sin que ni el acusador privado ni el actor civil puedan estar presentes al interrogatorio, cuando así lo disponga el Juez instructor” (art. 385 LECr).

Dicho de otro modo lo anterior, el juez es quien resulta habilitado para prestar declaración tantas veces como estime conveniente a las personas procesadas en una causa penal. A la vez dicho precepto legal también establece que si el juez lo considera oportuno, dicha declaración podrá hacerse sin la presencia de las partes que el mismo artículo menciona.

En el caso de que la persona que tiene que prestar declaración resulte detenida, eso es por ejemplo el caso de alguien a quien se le ha “pillado” cometiendo un delito, y por tanto se le ha detenido como presunto delincuente y debe prestar declaración ante un juez por ello, la ley establece que dicha declaración deberá ser tomada en el plazo de veinticuatro horas (art. 386 LECr), si bien el mismo artículo también posibilita prorrogar ese plazo cuarenta y ocho horas más en el caso de que exista “causa grave” para ello.

La toma de declaración

En el momento de iniciar la declaración “no se exigirá juramento a los procesados, exhortándoles solamente a decir verdad y advirtiéndoles el Juez de instrucción que deben responder de una manera precisa, clara y conforme a la verdad a las preguntas que les fueren hechas” (art. 387 LECr), y cuando se trate de la primera declaración “será preguntado el procesado por su nombre, apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué Juez o Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por que se le ha procesado” (art. 388 LECr).

Al respecto del modo de llevar a cabo la toma de declaración también resulta muy necesario de conocer para la persona procesada que quien le tome declaración ni podrá coaccionarle o amenazarle por ningún motivo, tampoco podrá realizarle preguntas que no resulten directas y que se puedan considerar preguntas capciosas o sugestivas, y algo muy, muy importante: las preguntas tienen que ir dirigidas a averiguar concretamente los hechos que se están tratando y la participación del procesado y de terceros en la ejecución o encubrimiento de los mismos, sin que las preguntas puedan ir en ningún caso por otros derroteros. Todo ello en virtud, y al amparo, de lo establecido en el artículo 389 LECr.

La toma de declaración en principio, y como norma general, cabe decir que se basa en preguntas orales que obtienen respuestas orales. Ahora bien, esta no es una afirmación absoluta, pues la ley también permite otras formas concretas de responder en algunos supuestos casos. Así el artículo 390 LECr, nos dice que “las relaciones que hagan los procesados o respuestas que den serán orales. Sin embargo, el Juez de instrucción, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquéllos y la naturaleza de la causa, podrá permitirles que redacten a su presencia una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar, o que también consulten a su presencia apuntes o notas”.

Caso típico resulta también el de la persona procesada que ante una toma de declaración dice estar enferma o directamente se niega responder, en estos supuestos se estará al tenor de lo establecido en el artículo 392 LECr, eso es a que “cuando el procesado rehúse contestar o se finja loco, sordo o mudo, el Juez instructor le advertirá que, no obstante su silencio y su simulada enfermedad, se continuará la instrucción del proceso” en ese supuesto “…se tomará razón por el Secretario, y el Juez instructor procederá a investigar la verdad de la enfermedad que aparente el procesado…”.

Finalmente decir que “cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma” (art. 393 LECr) y que “el procesado no podrá, a pretexto de incompetencia del Juez, excusarse de contestar a las preguntas que se le dirijan, si bien podrá protestar la incompetencia, consignándose así en los autos” (art. 395 LECr).