De la reforma constitucional

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Mucho se está hablando en estos últimos tiempos de la posibilidad de modificar la Constitución Española. Se está hablando de modificarla por motivos de organización territorial, por motivos sociales, económicos, etc., en definitiva una diversidad de causas que hace que sean muchas personas las que consideran que ha llegado el momento de modificar para adaptar a los tiempos actuales la carta magna, mientras que otros consideran que la misma goza de plena vigencia y que no corresponde ni se debe modificar la misma.

Reforma de la constitución españolaReforma constitucional

En este artículo no vamos a entrar a valorar si resulta necesaria su modificación o no, ni si es mejor tener constituciones con una larga vigencia o si resulta más adecuado que se puedan modificar cada pocas décadas para adaptarlas a los tiempos a los que rigen, tampoco vamos a entrar a valorar ya no si es adecuado que se produzcan dichas modificaciones sino tampoco qué alcance o qué sentido deben tener de producirse dichas modificaciones. En este artículo vamos a entrar a analizar el propio mecanismo que la Constitución se auto establece para poder ser modificada.

Lo que dice la Constitución

Concretamente, tal y como se decía, la Constitución Española establece en sí misma el proceso por el que ella puede ser reformada, eso es concretamente en su título X, a partir del artículo 166 y hasta el artículo 169 (ambos inclusive), título precisamente denominado “de la reforma constitucional”.

Específicamente el artículo 166 establece que “la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87”, eso significa que:

  1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (art. 87.1 CE)

Y que

  1. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa (art. 87.2 CE)

Dicho modo lo anterior, iniciar un proceso de reforma constitucional corresponde al Gobierno del Estado, al Congreso y al Senado, y también las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno o al Congreso que inicien una reforma constitucional. Atención que en este último caso no estamos hablando de que estas últimas puedan realizar la reforma constitucional, sino solicitar a los entes con potestad para modificar la misma que consideren realizar una modificación.

El proceso de reforma

Una vez ya hemos visto quién puede promover la reforma constitucional, veamos cómo se aprueba la reforma constitucional. Ello se encuentra reflejado en los artículos 167 y 168 de la Constitución Española.

Concretamente el artículo 167 nos dice que “los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado” (art. 167.1 CE) y que “de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma” (art. 167.2 CE).

El mismo artículo 167 de la Constitución Española, en su parte tercera establece el proceso a seguir una vez aprobada la reforma constitucional, así, el mismo dicta que “probada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

A resaltar resulta lo indicado en el artículo 168 de la Constitución Española cuando marca que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes” (art. 168.1 CE). Llegado ese punto “las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras” (art. 168.2 CE) y luego “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación” (art. 168.3 CE).

Finalmente, de forma breve, cabría adentrarse en aquello que establece el artículo 169 de la Constitución Española referente a que “No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116”.

Y ¿qué es aquello que dispone el artículo 116 de la Constitución Española? Pues bien, el mismo regula la forma en cómo se decretan el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Concretamente establece que “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración” (art.116.2) en relación al estado de alarma. Que “el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos” (art. 116.3), en relación al estado de excepción.

Y, finalmente, en relación al estado de sitio el art. 116.4 establece que “el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones”.