De las declaraciones de los testigos en las causas penales: quién debe declarar

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Cuando se habla de acudir a un juzgado, a la mayoría de las personas, le entra el temor, el pánico, el miedo a lo que les va a suceder. Y bien cierto es que una comparecencia en un juzgado puede suponer el inicio de un “vía crucis” personal para las personas que sean citadas por una causa de la que puedan terminar siendo reos, pero bien cierto es que no siempre tiene porque ser así, pues se nos puede llamar a los juzgados por muchos otros motivos, por ejemplo para ser testigos de la causa.

La figura del testigo

La figura del testigo es clave en la mayoría de procesos judiciales, pues son estos que mediante lo que han visto y conocen sobre la causa en cuestión pueden corroborar o desmentir las versiones que se suelen contradictorias en el proceso, por ello esta figura es capital y su toma de declaración está perfectamente regulada por la ley.

Concretamente la toma de declaración de los testigos de un proceso judicial de carácter penal la encontramos regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues es dentro del marco de la misma donde se encuadra el desarrollo legal de ello. Y en este artículo vamos a centrarnos específicamente en la obligación de declarar y las excepcionales a la regla.

El punto que engloba tal regulación lo encontramos en el artículo 410 de la LECr, concretamente este artículo nos dice que “todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley”.

Declaración de testigos en procesos penalesAtención que el punto anterior tiene un matiz en un artículo posterior, y concretamente ese matiz se encuentra en la mención al “todos” como los sujetos obligados de acudir como testigos, y esa excepción la encontramos en “el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino” (art. 411 LECr), así como también en “los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados”, tal y como refleja el mismo artículo 411 de la LECr.

Destacar también que resultan exentas de acudir al llamamiento del juez, pero en este caso no de declarar (pues lo podrán hacer por ejemplo por escrito, entre otras opciones según el caso) el conjunto de personas que establece la LECr a lo largo de su artículo 412.

Obligación de ser testigos

Luego, mencionar un aspecto que de buen seguro puede afectar más directamente al común de la ciudadanía, y ese aspecto que si bien como hemos visto todos y todas tenemos la obligación de acudir al llamamiento de una autoridad judicial como testigos, no siempre nos podrán obligar a declarar. Concretamente no nos podrán obligar a declarar en los siguientes supuestos:

No nos podrán obligar a declarar si somos “parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261” (art. 416.1 LECr)

No nos podrán obligar a declarar si somos “el Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor” (art. 416.2 LECr).

Si bien en cualquiera de los dos casos anteriores la persona “se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido” (art. 416.2 LECr, en su segunda parte)

Y tampoco podrán ser obligados a declarar los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio, los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida y Los incapacitados física o moralmente (todo ello establecido en el artículo 417 LECr, en sus apartados primero, segundo y tercero respectivamente)

Más allá de la no obligación de declarar de las personas que se han visto con anterioridad cabe decir que para todo el mundo aplica lo de que “ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 416”, con la excepción del “caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor” (todo ello en el art. 428 LECr).

Un mero impedimento físico no será excusa para no declarar como testigo pues tal y como establece el artículo 419 de la LECr “si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir al llamamiento judicial, el Juez instructor que hubiere de recibirle la declaración se constituirá en su domicilio, siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo”.

Finalmente, indicar que si no estando exentos de declarar nos negamos a ello aplicará lo especificado en el artículo 420 de la LECr, a saber: “el que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, excepto las personas mencionadas en el artículo 412, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos sobre que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, y si persistiere en su resistencia será conducido en el primer caso a la presencia del Juez instructor por los agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal, y en el segundo caso será también perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad”.