De las notificaciones, citaciones y emplazamientos judiciales penales

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Si alguna vez nos vemos envueltos en algún proceso judicial es muy importante saber cómo funcionan las notificaciones, citaciones y emplazamientos sobre el mismo. En este artículo vamos concretamente a ver lo que nos dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal al respecto, eso es, en relación a los procesos judiciales que podamos tener por la vía penal.

Distintas jurisdicciones, distintas realidades.

Atención, que lo que aquí se va a exponer es aquello relacionado única y exclusivamente con el ámbito de las notificaciones, citaciones y emplazamientos judiciales del orden penal, no de otros ámbitos. Y eso es muy importante de conocer pues debemos tener presente que si nos encontramos envueltos en otros procesos judiciales pero que no son de la jurisdicción penal (por ejemplo juicios civiles, laborales, etc.) la realidad es distinta pues se rigen por unos preceptos distintos. Y si bien es cierto que podrán tener muchas similitudes entre ellas, también pueden existir, y existen, profundas diferencias que pueden alterar completamente el transcurso de un proceso y de unas determinadas acciones que sobre él queramos tomar.

Así, antes de dar cualquier paso en un proceso judicial, antes de proceder en ningún aspecto es muy importante que tengamos claro en qué tipo de proceso nos encontramos, en que jurisdicción y a partir de ello poder actuar en consecuencia.

Procedimiento según la ley

Tal y como se decía, el ámbito de las notificaciones, citaciones y emplazamientos judiciales lo encontramos encuadrado dentro de lo que establece al respecto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y específicamente la misma este punto lo trata en su título séptimo, a partir del artículo 166.

notificaciones, citaciones y emplazamientos De forma muy concreta el mismo artículo 166 de la LECr establece que la dirección será la del Secretario judicial para los actos de comunicación, estableciendo concretamente que “las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del Juzgado o Tribunal se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el Secretario judicial lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose el acuse de recibo”.

Dicho de otro modo lo anterior, será el Secretario judicial quien dirigirá aquello que se nos debe comunicar y comúnmente lo hará mediante el envío a nuestro domicilio de un funcionario judicial que nos entregará dicha comunicación, pero como vemos también puede darse el caso de que el Secretario judicial estime que es mejor no hacerlo mediante un funcionario que se persone en nuestro domicilio y decide hacerlo mediante una carta certificada con acuse de recibo por Correo, y ello también será igualmente válido, contando siempre con todos los preceptos que al respecto establece la ley.

Es importante destacar que la diligencia (notificación) será “firmada por la persona a quien ésta se hiciere y por el funcionario que practique la notificación” (art. 171 LECr) y que según este mismo artículo en su siguiente parte establece “Si la persona a quien se haga la entrega no supiere firmar, lo hará otra a su ruego; y si no quisiere, firmarán dos testigos buscados al efecto. Estos testigos no podrán negarse a serlo, bajo la multa de…
De no encontrarnos para notificarnos se estará a lo establecido en el artículo 172 de la LECr eso es que “cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación” y que “si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos”. Importante resulta destacar que si tal notificación la recibe un tercero, este tendrá obligación legal de hacer entrega de ella a la persona a quien va dirigida la notificación (art. 173 LECr).
Destacable resulta también que si lo que sucede no es sólo que no nos encuentran en el domicilio por no estar en ese momento en el mismo sino que ya no vivimos en él aplicará lo que dispone el artículo 178 de la LECr, concretamente se estará al tenor de aquello que dice que “si el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviere domicilio conocido, el Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el Secretario judicial se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación”.

Situados ahora ya en un contexto donde la notificación a realizar se haya producido con éxito diremos que la misma por supuesto puede contener distintos elementos, pues por ejemplo la misma puede ser una citación o un emplazamiento. Si nos centramos en el primero de los supuestos, en el supuesto de las citaciones diremos que “cuando el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado, el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio de quien hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia en la original, la causa de no haberse efectuado la comparecencia. Si esta causa no fuere legítima, se procederá inmediatamente por el Juez o Tribunal que hubiere acordado la citación, a llevar a efecto la prevención que corresponda, entre las establecidas en el número 5º del artículo anterior” (art. 176 LECr)

¿Y qué es aquello que establece el número quinto del artículo anterior que en el párrafo anterior se nombra? Pues bien dicho punto establece que “la obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal”. Artículo 463.1 del CP que a su vez establece que “el que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión”.