Del cuerpo del delito

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Seguro que en muchas ocasiones quien lea este artículo ha escuchado hablar sobre el “cuerpo del delito”. De buen seguro que en multitud de películas ha escuchado sobre este concepto básico en cualquier proceso criminal. En este artículo vamos a centrarnos en exponerlo técnicamente tal y como lo expresa la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo contiene.

Consideraciones básicas en relación al cuerpo del delito

En primer lugar, diremos que “el Juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida. El Secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo” (art. 334 LECr).

Dicho de otro modo lo reflejado en el párrafo anterior: es muy importante encontrar aquel o aquellos elementos con los que, y en los que, se cometió el delito, pues serán una de las piezas fundamentales que serán más que necesarias (cuando no prácticamente indispensables) a lo largo del proceso judicial para poder condenar a quien cometió el delito del que se le acusa.El cuerpo del delito

Aún a colación con lo establecido en los párrafos anteriores, resulta especialmente relevante nombrar que “si por tratarse de delito de falsificación cometida en documentos o efectos existentes en dependencias de las Administraciones Públicas hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Juez o Tribunal, el Secretario judicial los reclamará a las correspondientes Autoridades, sin perjuicio de devolverlos a los respectivos Centros oficiales después de terminada la causa” (art. 335 LECr), todo ello teniendo siempre presente que “en los casos de los dos artículos anteriores ordenará también el Juez el reconocimiento por peritos, siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación con el delito, de los lugares, armas, instrumentos y efectos a que dichos artículos se refieren, haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe pericial” (art. 336 LECr).

Elementos adicionales sobre el cuerpo del delito

Al finalizar el párrafo anterior hemos visto que existen casos en los que el juez puede ordenar el reconocimiento por peritos de estos elementos que formarán parte del cuerpo del delito, y para ello se realizará una diligencia de reconocimiento. Debemos conocer que si somos procesados en una de estas causas tendremos derecho a estar presentes en dicha diligencia y que podremos además ir acompañados de nuestro abogado defensor, todo ello al amparo de lo establecido en la segunda parte del artículo 336 de la LECr, y siempre contando con las consideraciones que para ello establece el artículo 333 de la LECr.

Y ¿cuáles son las consideraciones que la LECr en su artículo 333 establece para lo anterior? Pues bien la misma en dicho artículo establece que “cuando al practicarse las diligencias enumeradas en los artículos anteriores hubiese alguna persona declarada procesada como presunta autora del hecho punible, podrá presenciarlas, ya sola, ya asistida del defensor que eligiese o le fuese nombrado de oficio, si así lo solicitara; uno y otro podrán hacer en el acto las observaciones que estimen pertinentes, las cuales se consignarán por diligencia si no fuesen aceptadas” y que “al efecto el Secretario judicial pondrá en conocimiento del procesado el acuerdo relativo a la práctica de la diligencia con la anticipación que permita su índole y no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor. Igual derecho asiste a quien se halle privado de libertad en razón de estas diligencias”.

Además de los utensilios y demás que se hayan utilizado para cometer el delito, obviamente también debemos referirnos al cuerpo u objeto del delito en sí mismo, así es por ejemplo al cuerpo humano fallecido en el caso de delitos que hayan atentado contra la vida humana con resultado de muerte.

Lo anterior lo regula muy extensamente la LECr, pero resulta especialmente reseñable por ejemplo lo indicado en el artículo 340 de la misma donde se dicta que “si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artículo 335, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento”, y estableciendo la misma LECr, que siendo aplicable el caso anterior si el caso fuere que no existen testigos se estará al tenor de lo establecido en el artículo 341 de la LECr, artículo donde concretamente se expone que “no habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo a lo menos de veinticuatro horas, expresando en un cartel, que se fijará a la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, hora y día en que aquél se hubiese hallado y el Juez que estuviese instruyendo el sumario, a fin de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y de sus circunstancias, lo comunique al Juez instructor”.

Todo lo anterior siempre con la consideración que consta establecida de que “cuando a pesar de tales prevenciones no fuere el cadáver reconocido, ordenará el Juez que se recojan todos los efectos personales con que se le hubiere encontrado, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación” (art. 342 LECr) y con la exigencia de que “en los sumarios a que se refiere el artículo 340, aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los Médicos forenses, o en su caso por los que el Juez designe, los cuales, después de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias” (art. 393 LECr).