Del funcionamiento constitucional de las Cámaras del Estado

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Hace ya unas décadas que España inició un proceso de entrada a la democracia que ha traído un nuevo modelo de sociedad, este proceso -que ha cristalizado de una forma impecable para algunos y con muchas carencias para otros- está ahora sin duda bajo tela de juicio y se discute como podría actualizarse el Estado, en su forma y en su fondo, para responder de una forma más adecuada a las necesidades y demandas sociales a las que sirve y también para profundizar en el carácter democrático del mismo.

Por supuesto, este modelo actual se ha asentado en muchos aspectos y uno de ellos es el de las mismas instituciones y organismos del Estado que lo conforman, siendo dos de las piezas angulares de todo ello las Cámaras del Estado, es decir, aquellas Cámaras que tienen encomendada la función de representar la voluntad de todos los españoles a través de los representantes electos que los mismos escogen.

Sin duda también, las mismas Cámaras están en el punto de vista de muchas de las personas que piden un cambio, en este caso más que por su función en sí misma, en realidad es por la forma que funcionan, especialmente el Senado, aunque de la reforma del mismo modelo electoral que afectaría también, y mucho, al Congreso también se está hablando.

Congreso de los DiputadosNuevos tiempos, nuevas realidades

Como podemos ver, vivimos momentos de cambio, de plena ebullición, de una nueva transición para muchos, y obvio resulta que vivimos en un momento en el que tanto a nivel nacional como internacional estamos viviendo profundas transformaciones de toda índole. Nuevas tecnologías, nuevas formas de vivir, nuevos flujos globalizados, y en definitiva, un mundo en cambio, que reclama nuevos paradigmas y nuevas necesidades. Y las instituciones del Estado, y de los estados cabría añadir, de buen seguro que de un modo u otro, y en un grado u otro tampoco van a quedarse atrás en esta actualización, en esta modernización, pues a pesar de las reticencias y de la resistencia al cambio del engranaje de las mismas, las mismas siempre acaban adaptándose al devenir de la sociedad actual, del momento de la historia en el que viven, pues esa es su auténtica razón de ser.

Atención que en este artículo no se está diciendo ni cómo, ni si se tienen que adaptar hacia un entorno ideológico u otro, ni tan siquiera si deben virar hacia determinados modelos de Estado u otros, todo ello es subjetivo y está ligado al más íntimo deseo –libre y legítimo- de las distintas partes que conforman la sociedad con sus sensibilidades ideológicas concretas que tengan, en este artículo lo único que se pretende mostrar es que las instituciones representan a las realidades que representan – sean la realidad que sean pero es a ella a la que representan y deben adaptarse- y que actualmente ya representan una realidad, la que se diseñó y plasmo en el año 1978.

Fruto de una realidad

Y es que no debemos olvidar que el funcionamiento actual de las Cámaras parte de la visión y de la voluntad que las personas encargadas de ordenar la transición de la dictadura a la democracia, y ordenaron esa transición dotando a los españoles de una Constitución que en su momento refrendaron y que en su articulado lleva consigo el funcionamiento de las mismas.

Así, la Constitución Española del año 1978 dicta que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado” (art. 66.1), a la vez que nos dice que “las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución” (art. 66.2), del mismo modo que “las Cortes Generales son inviolables” (art. 66.3).

De lo anterior, podemos sacar dos conclusiones muy interesantes que resaltan la auténtica esencia de la función de las Cámaras: por un lado enfatiza aquello que hemos expresado anteriormente de que las Cortes Generales tienen la función de representar la voluntad del pueblo español y, en segundo lugar, que las mismas están conformadas por un lado por el Congreso de los Diputados y por otro lado por el Senado. La segunda es sin duda una de las instituciones más controvertidas y más en el punto de mira por la forma en la que realiza su función, pues es considerado por muchos que por culpa de tales formas en realidad no cumple el cometido, no cumple la función (establecida en el art.69.1 de la CE donde le encomienda la función de Cámara de representación territorial) para la que existe y tiene sentido la misma, pero este sería otro tema a debatir en todo caso en un tema particular a parte, individualizado, en el que se trate sobre la función concreta del Senado y el funcionamiento del mismo.

Luego, sin duda encontramos claros puntos muy controvertidos en la actualidad distintos puntos que establece la misma Constitución Española en relación al funcionamiento de dichas Cámaras y sus integrantes. Así por ejemplo encontramos algunas de las estipulaciones más controvertidas en por ejemplo el artículo 71.2 de la CE donde se dice que “durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva” y en el artículo 71.3 de la misma CE donde se establece que “en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Finalmente, y en otro orden de cosas, destacar que otro punto que también trae controversia es el que se encuentra en el artículo 73.1 de la CE, punto que nos dice que “las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio”. Un punto controvertido para muchos por las largas vacaciones, que en el seno de los periodos ordinarios la Carta Magna establece.