Del modo de aplicar la prisión provisional

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Vamos a ver en este artículo los casos en los que concurre la aplicación de la prisión provisional ante una causa penal que esté abierta.

De entrada diremos que como norma general se puede decir que la prisión provisional será la excepción debiendo imperar el derecho a la libertad, pero sí que existen supuestos en los que la aplicación provisional aplica y aquí vamos a referirnos a esta.

Sobre el dictado de la prisión provisional

Tal y como dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) “podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa” (art. 502.1). Así en este punto podemos ver que se nos define quien es competente de dictar la prisión provisional.

Una vez la ley ha establecido la potestad de dictar la prisión provisional la misma ley estima que este sólo la podrá aplicar cuando sea objetivamente necesaria y siempre conforme a los supuestos que la misma ley establece y siempre y cuando “no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional” (art. 502.2 LECr). Del mismo modo la ley nos dice que “el juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta”. (art. 502.3 LECr) y que “no se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación” (art. 502.4 LECr).derecho a la defensa

Cuando aplica la prisión provisional

Como se decía la prisión provisional no se puede imponer libremente, pues debe imperar y prevalecer el derecho a la libertad y por ello el legislador ha querido reflejar muy claramente aquellos casos en los que el juez sí que puede dictar la prisión provisional.

Estos supuestos en los que sí que aplica la prisión provisional están regulados por el artículo 503 de le LECr y concretamente el mismo artículo que se podrá aplicar la prisión provisional en los supuestos en los que concurran los siguientes requisitos:

Se podrá aplicar la libertad provisional cuando conste la existencia de uno o varios hechos que se presuman delictivos y que la pena de los mismos sea igual o superior a los dos años de prisión. Esté límite mínimo de años de condena a prisión no aplicará si el acusado tiene antecedentes penales no cancelados y que no se puedan cancelar que provengan de un delito doloso cometido por el mismo.

Para poder aplicar la prisión provisional deberán bastar motivos suficientes para que se pueda creer que el que va a ser sometido a prisión provisional es responsable criminalmente de lo que se le acusa y por lo que se le va a juzgar.

La prisión provisional debe perseguir evitar la fuga del imputado si existe riesgo de ello y con ello garantizar la presencia de este en el proceso, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima o evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos siempre que concurran los requisitos que la misma ley establece.

Finalmente destacar sobre la duración máxima de la prisión provisional que a grandes rasgos la ley (art. 504.2 LECr) determina que:

“Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los párrafos a) o c) del apartado 1.3.º o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años. No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años”