Delitos contra las instituciones del Estado

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Vivimos tiempos socialmente convulsos, tiempos en los que la paz social que ha reinado durante algunos años en nuestro país se tambalea por distintos motivos, y han existido y existen grupos de personas que realizan acciones que van encaminadas hacia un cambio de paradigma político, pero en ese tránsito legalmente las costuras del Estado se están resintiendo.

los delitos contra las instituciones públicasSeguro que muchas de las personas que lean este artículo habrán visto por la televisión, escuchado por la radio o leído en la prensa en los últimos años cómo grupos importantes de personas realizaban por ejemplo actos ante el Congreso de los Diputados u otras instituciones y que ante ello las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban de forma represiva, mientras que las autoridades clamaban contra estas acciones considerándolas de delitos contra las instituciones del Estado y anunciando perseguirlas.

A buen seguro también que muchas de estas personas que veían, escuchaban o leían este tipo de informaciones mostraban su disconformidad con tales reacciones y se solidarizaban con dichos movimientos de protesta, mientras que muchas otras personas de buen seguro protestaban contra tales acciones y pedían más mano dura contra los manifestantes.

En este artículo no vamos a entrar a valorar ni si una acción de este tipo es legítima o no, si resulta defendible o si por al contrario resulta algo desdeñable, en este artículo nos vamos a centrar en ver las consecuencias que según la legalidad vigente pueden acarrear delitos contra las instituciones del Estado.

Delitos mediáticos

Quizá, si nos ponemos a mirar la hemeroteca de los medios de comunicación de estos últimos meses nos deberemos referir al delito que se encuentra encuadrado dentro del artículo 494 del vigente Código Penal como uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, como uno de los que mayor impacto y relevancia han tenido en el debate público originado en nuestro país.

Específicamente, dicho artículo establece que “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”. Como podemos ver este artículo tiene directamente relación con algunas manifestaciones que tenían como objetivo rodear el Congreso u otras que significaron protestas ante algún determinado parlamento autonómico.

También cabe decir que tienen estrecha relación con este artículo, los artículos 493 y 495 del mismo Código Penal. Pues los mismos establecen, respectivamente, que “los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años” y que “los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años”, estableciendo concretamente en este último caso que “la pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo” (art. 495.2 CP).

Por supuesto, todo ello sin olvidar ni dejar de nombrar lo establecido en el artículo 498 del Código Penal, pues en el mismo se establece que “los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.

Delitos no mediáticos pero importantes

Luego, en este mismo orden de cosas y en directa relación también con los delitos contra las instituciones del Estado existen otros muchos supuestos de infracción penal -y de los cuales se será reo si se incurre en ellos y se es juzgado y condenado- que quizá no son tan conocidos por la opinión pública pero que no por ello resultan menos importantes.

Así, por ejemplo, resulta especialmente destacable por ejemplo aquello que se establece en el artículo 492 del Código Penal, pues concretamente en este artículo se persiguen aquel delito que por ejemplo puede existir cuando se produce un vació de poder en la más alta figura del Estado. Concretamente dicho artículo dicta que “los que, al vacar la Corona o quedar inhabilitado su Titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la Regencia o el tutor del Titular menor de edad, serán sancionados con la pena de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por la comisión de otras infracciones más graves”.

Finalmente, otros aspectos especialmente reseñables para lo que en este artículo nos atañe es aquello establecido por ejemplo en el artículo 504.1 del Código Penal donde en su primera parte se dicta que “incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma” y también lo dispuesto en el artículo 505.1: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas”. Añadiendo al respecto que “quienes, amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales, serán castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido” (art. 505.2 CP).