Discrepancias en la aplicación del derecho al olvido

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Aplicación del derecho al olvido digital.

Hace meses que  se ha celebrado el primer aniversario del denominado “derecho al olvido” en la era digital: eso es el derecho al olvido que afecta y atañe principalmente a buscadores de Internet como Google.

Como en todo, siempre conviene aprovechar el momento para pararnos un momento y echar la vista atrás. Conviene detenerse para analizar lo que se ha producido en este año de aplicación y, en este aspecto, bien puede decirse que la aplicación práctica de este derecho al olvido emanó de la sentencia del TJUE a raíz del “caso Costeja”.

Además, ya no solo es que este primer año de aplicación práctica haya tenido sus luces y sus sombras, sino que además está teñido permanentemente de controversias, conflictos y profundas discrepancias sobre el asunto.

Discrepancias en la aplicación del derecho al olvidoDiscrepancias en la aplicación del derecho al olvido

De modo que uno de los principales puntos de fricción se ha encontrado en el difícil punto de equilibrio que supone el tener que lidiar con dos aspectos tan fundamentales como son el derecho al olvido por un lado y, por el otro, el derecho a la información. Sin duda alguna, dos derechos que deben ser consagrados y protegidos al más alto nivel pero que, en cierta manera, en esta era digital que nos toca vivir, colisionan entre sí.

A colación con lo anterior decir que ha existido desde la aplicación práctica que emanó de la sentencia del TJUE una importante polémica en relación a un aspecto clave: resulta claro que lidiar con los dos aspectos anteriores resulta objetivamente complejo y ello no debe negar conduce a que, de algún modo, las decisiones que se tomen al respecto siempre tienen algún cierto grado de subjetividad.

Dicho de otro modo lo anterior: ante una disyuntiva entre proteger el derecho a la privacidad, así como salvaguardar la reputación de la persona afectada, contra el derecho de que dicha información sea publicada en aras del derecho a la información, la decisión que se tome siempre tendrá un cierto grado de subjetividad, de parcialidad, de interpretación personal en quien la toma, y ello da pie a muchos conflictos.

Lo anterior da pie a muchos conflictos pues delimitar lo que es una legítima protección de los intereses personales de salvaguarda de la reputación y del derecho a la intimidad, de la censura pura y dura no es fácil. La fina línea es muy tenue y para muchos, en un sentido u otro, se está traspasando, o queda difuminada, en muchas ocasiones.

Cifras y datos sobre la aplicación de la doctrina

En otro orden de cosas, entrando en las cifras y datos sobre la aplicación de la doctrina en el primer año de aplicación decir lo siguiente:

Una vez se puso en marcha la aplicación de lo dictado por el TJUE los motores de búsqueda de Internet incorporaron mecanismos para que los interesados pudiesen ejercitar sus derechos. Uno de los principales afectados ha sido Google y las cifras son impactantes.

Tan sólo en el primer año de aplicación Google ha recibido prácticamente un millón de URL s para ser retiradas, URLs que han sido valoradas para que dejen de aparecer en los buscadores del gigante estadounidense. Concretamente han sido 920.238 URL de un total de 253.617 peticiones.

Decir que del total de peticiones retiradas de URLs han sido atendidas por Google el 41,3% y ha denegado el 58,7%. En todas estas cifras no se incluyen todas aquellas URL que al cierre de la toma de estos datos aún no habían sido evaluadas o bien que aún estaban en proceso da análisis.

Por áreas geográficas, 3 países se llevan la palma en peticiones de retirada de URL a Google. En primer lugar se encuentra Francia con casi 52.000 peticiones para poco menos de 175.000 URLs, de las cuales Google ha resuelto favorablemente a la desindexación del 47,9% de las URLs a retirar solicitadas. En segundo lugar se encuentra Alemania con 43.000 peticiones (para 164.000 links) y los resultados de desindexación se sitúan poco más de un punto porcentual por debajo del 50%.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el Reino Unido. Este ha realizado en el primer año un total superior a las 23.300 solicitudes (para 76.000 URLs) y su porcentaje de resoluciones favorables es el menos alto de los tres primeros países del ranking, en este caso el mismo no alcanza el 40% y se queda exactamente en el 37,5.

Para terminar, y hablando del caso español decir que el país se encuentra en cuarta posición. Las peticiones han superado las 23.000, para un total de 76.000 links, de los cuales han sido atendidas favorablemente un 36,4% de las peticiones.