El CGPJ apuesta por mantener la incompatibilidad de funciones entre abogados y procuradores.

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En artículos anteriores habíamos escrito sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, impulsado desde el Ministerio de Economía, en el que, entre otras cuestiones, se recogía la intención del Gobierno de que los abogados pudieran ejercer como procuradores y que del mismo modo, los procuradores pudieran ejercer como abogados, acabando con la incompatibilidad entre las profesiones.

Pues bien, frente a la intención manifiesta de modificar las condiciones laborales de estas dos figuras profesionales, el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su firme oposición, declarando que no es operativo ni beneficioso para los usuarios de los Tribunales de Justicia.

Este Órgano expone en su informe que, aunque es cierto que en el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, se seguían manteniendo unas competencias diferenciadas entre la defensa técnica (abogado) y la representación procesal (procurador), en el mismo texto se establecía la posibilidad de compatibilizar ambas funciones en una sola persona. Para el CGPJ esto no es ni lo más conveniente ni lo más satisfactorio para “el usuario”.

Informe del Consejo General del Poder JudicialLa implantación de esta medida en concreto, creó bastante malestar, principalmente entre los procuradores, que veían peligrar la estabilidad de la figura del procurador. De hecho, muchos han visto en el texto un primer paso hacia la eliminación de esta figura. Realmente, cuando un profesional del ámbito legal termina sus estudios y elige cuál va a ser su futuro en el mundo laboral, decide en cierto modo “caminar” en una dirección y esa dirección requiere de una fuerte especialización (sea cuál sea la vía elegida). Por tanto, es lógico pensar, incluso para aquellos que no están relacionados con el mundo legal y que ahora leen este artículo por interés social, que los profesionales del sector rechacen la creación de tal “confusión” alrededor de lo que es su trabajo.

Con este pronunciamiento, el CGPJ da la razón a los profesionales que han rechazado desde un principio las medidas propuestas por el Ministerio de Economía.