El derecho a la Justicia Gratuita

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Si existe un concepto que no es entendible por muchos usuarios del sistema legal o que da lugar a muchos errores, este es el concepto de la Justicia Gratuita. Muchas personas identifican como sinónimos el abogado de oficio con la justicia gratuita. Nada más lejos de la realidad.

El abogado de oficio es un profesional que garantiza la debida e inmediata asistencia jurídica a aquel detenido o imputado que lo precise (existen otros supuestos, que analizaremos con detalle en otros artículos). Esto no quiere decir que su trabajo sea siempre gratuito para la persona que ha solicitado sus servicios. Existen supuestos en los que sí tendrá acceso a la justicia gratuita, pero en otros muchos tendrá que pagar de su bolsillo los honorarios de ese Letrado de Oficio. ¿Acaso tendría lógica que los gastos de asistencia jurídica de un multimillonario fueran asumidos por la Administración de Justicia?

Asistencia jurídica gratuitaPor todo ello, para intentar solventar estas dudas entre los lectores vamos a  desarrollar algunos puntos de interés sobre la materia, regulada por la Ley 10/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (modificada por la Ley 16/2005) y el reglamento que la desarrolla.

¿Qué actos cubre la asistencia jurídica gratuita?

En primer lugar es importante conocer el alcance de la denominada asistencia jurídica gratuita, pues no solo se limita a la gratuidad del abogado, existiendo supuestos muy interesantes de cara al usuario. Las acciones legales que cubre esta asistencia gratuita son las siguientes:

    1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
    2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
    3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.
    4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
    5. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
    6. Asistencia pericial gratuita en el proceso.
    7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
    8. Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales.
    9. Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y mercantil.

¿Quien tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos, que luego se dirán, a la asistencia jurídica gratuita pueden optar:

    1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de un estado miembro de la Unión y los extranjeros que se encuentren en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para pagar.
    2. Las Entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (SS).
    3. Asociaciones de utilidad pública y Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.
    4. Los trabajadores y beneficiarios de la S.S. en el orden jurisdiccional social (también en el orden contencioso).
    5. En el orden contencioso-administrativo, pueden recibir asistencia gratuita los extranjeros en los procesos que puedan llevar a la denegación de su entrada en el país, su expulsión de territorio español y en los procesos de materia de asilo y Ley de Extranjería.
    6. En el orden jurisdiccional penal, también pueden acceder a la justicia gratuita los extranjeros, aun cuando no residan legalmente en el terriorio español.
    7. En los litigios transfronterizos, los ciudadanos de la unión o terceras personas que residan legalmente, tanto en el orden civil como en el mercantil.

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir la asistencia jurídica sin costes (abogado de oficio gratuito)?

Pueden solicitarlo aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de patrimonio suficiente para litigar.

La Ley impone una serie de requisitos para ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, siendo el principal filtro un baremo económico. En base a este baremo se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

    • Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. (En 2014 12.780,26 €)
    • Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. (En 2014 15.975,33 €)
    • El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. (En 2014 19.170,39 €)

A los efectos previstos en este apartado, constituyen modalidades de unidad familiar:

    • La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipado.
    • La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

De forma excepcional, aun superando este requisito económico, se podrá reconocer la asistencia gratuita cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa especial, se trate de un discapacitado o actúe en nombre de él, o atendiendo a una serie de circunstancias (circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza). En los tres casos, sus ingresos no deben superar el cuádruplo del salario mínimo interprofesional.

Además del criterio puramente económico, la Ley también impone una serie de requisitos adicionales para ser beneficiarios de la justicia gratuita. Estos requisitos son distintos para los casos de personas físicas o jurídicas:

Personas físicas:

Que se litigue en defensa de derechos e intereses propios o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado.

Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las victimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de victimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laborarl o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

Personas jurídicas:

Que se trate de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.

Que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual. (NOTA: Para el año 2014 el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), está fijado en 17,75 euros diarios, 532,51 euros mensuales y 6,390,13 euros anuales).

Esperemos que este texto sea de interés para nuestros lectores, y les ayude a solventar algunas dudas. No obstante, al objeto de que el presente artículo sea lo más ameno posible y no alargarlo en demasía, próximamente trataremos de forma autónoma el procedimiento para solicitar la asistencia jurídica gratuita.