El derecho de defensa en el ámbito criminal

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Es conocido por todos que si se nos imputa un presunto delito todos tenemos derecho a nuestra defensa en el ámbito penal, pero ¿sabemos cómo se configura legalmente este derecho a la defensa?

El derecho a la defensa en los juicios criminales (es decir, en todos aquellos juicios del ámbito penal) es un derecho que nos asiste a todas las personas y que concretamente se encuentra configurado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). Concreta y específicamente está ley lo regula a partir del artículo 118, en su título V donde versa concretamente “del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales“.

Lo que nos dice la ley

En relación a nuestro derecho a la defensa decir que el artículo 118 de la LECr en su primera parte deja bien claro y establecido que “toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho“.

Dicho de otro modo lo anterior, desde el mismo momento que se nos impute un posible delito tendremos derecho a tener nuestra defensa. Para ello y para poder ejercitar tal derecho de defensa tal y como establece el mismo artículo “…las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio o cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo“.

También dicho de otro modo lo anterior diremos que desde el mismo momento que se nos imputa un presunto hecho delictivo tendremos derecho a nuestra defensa, pero que ésta deberemos canalizarla mediante defensa letrada, es decir, deberemos contratar un abogado y procurador o en caso contrario que nos nombre uno de oficio.

Derecho de defensaCuando la defensa es gratuita

El derecho a la defensa es un derecho que tenemos todas las personas y el mismo es inalienable, es decir, nadie nos podrá quitar nuestro derecho a ser defendidos, a tener un juicio justo y en consecuencia a que seamos condenados o absueltos debidamente.

Ahora bien que todos tengamos derecho a la defensa no significa que el mismo derecho no sea configurable, es decir, todos tenemos derecho a la defensa pero la ley puede establecer cómo se debe organizar esa defensa, y precisamente en el ámbito criminal como hemos visto y en aras (aunque pueda resultar paradójico) de preservar nuestras propias garantías procesales y nuestro propio adecuado desarrollo en el proceso la ley establece que debemos disponer de la asistencia letrada mencionada.

Y como que el derecho a la defensa es un derecho básico e inalienable pero no todo el mundo tiene los recursos económicos para poder nombrarse su propio abogado y procurador de pago la ley determina que quienes no se lo nombren, se les nombrará de oficio y que si entran dentro de los requisitos que las leyes establezcan para acogerse a la justicia gratuita estos servicios legales serán gratuitos para el imputado, sino deberá pagarlos si le corresponde pagar los mismos.

Ello queda plasmado perfecta y diferenciadamente en el artículo 121 de la LECr donde se dice que

Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren“.

Y que

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de abogado y procurador de su elección; pero en este caso estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita“.

Esperamos que este artículo haya sido de su interés.