El detenido y las recientes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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Además de por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido modificada recientemente por la Ley Orgánica 13/2015. de 5 de octubre, y por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Estas modificaciones entran en vigor próximamente, por lo que resulta muy interesante conocerlas en profundidad.

Tomando una visión de conjunto de las tres normas, se introducen novedades significativas en el panorama jurídico. No obstante, en este artículo queremos exponer las modificaciones que atañen al tratamiento de toda persona detenida y los derechos que le asisten desde el mismo momento de su detención.

Los derechos del detenido tras las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Esta modificación encuentra su justificación en la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 22 de mayo de 2012 y relativa al derecho a la información en los procesos penales. Era tan solo cuestión de tiempo que dicha Directiva UE encontrara su reflejo en la legislación española, facilitándose de esa manera la aplicación del derecho a la información y garantizando el derecho a la libertad y el derecho a un juicio equitativo.

Prisión_cárcelA continuación pasamos a desglosar a modo de resumen los artículos que tienen incidencia directa sobre los derechos del detenido:

El artículo 118 de la LeCrim., regula el ejercicio del derecho a la defensa de toda persona a la que se le atribuya un hecho punible, desde el mismo momento de la comunicación de su existencia. En este artículo destaca como novedad el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación y en todo caso, antes de que se le tome declaración. Muy importante en este artículo y novedad significativa, es que las personas investigadas podrán entrevistarse con su abogado incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. Esas comunicaciones entre investigado/encausado y su abogado tendrán el carácter de confidencial.

El artículo 302 de la Lecrim., establece exclusivamente para los delitos públicos la posibilidad de acordar el secreto de sumario por tiempo no superior a un mes. También detalla los presupuestos que se deben dar para poder acordarlo, esto es, riesto grave para la vida, libertad o integridad física de una persona o para prevenir que se comprometa de forma también grave el resultado de la investigación o proceso.

El artículo 505.3 de la Lecrim., indica que el abogado del imputado tendrá acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del imputado. Este artículo y su efectiva aplicación ha sido ciertamente comprometido, ya que de su lectura surge la duda sobre qué es lo que se consideran elementos esenciales. No obstante la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial se ha pronunciado al respecto, como se explicará más adelante.

El artículo 509 de la Lecrim., establece en que supuestos puede el juez de instrucción o tribunal acordar la detención o prisión incomunicadas, estableciendo un plazo máximo de cinco días, pudiendo prorrogarse en algunos casos por otros cinco días. Basicamente son dos motivos, evitar comprometer de modo grave el proceso, y evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o integridad física de una persona. Cabe destacar también que los menores de dieciséis años no podrán ser objero de detención incomunicada.

El artículo 520 de la Lecrim., presenta importantes novedades, regulando el derecho a la información de toda persona detenida o presa, ampliando de forma sustancial el catálogo de derechos del detenido:

  • El detenido debe ser asistido por su abogado sin demora injustificada. Si debido a la lejanía geofráfica no sea posible la asistencia inmediata, se deberá facilitar al detenido la comunicación telefónica o por videoconferencia con su abogado.
  • Podrá acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. A este respecto, ver el final de este apartado, en relación a lo indicado por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial.
  • El detenido, además del derecho a que se comunique su detención y lugar de custodia a un familiar, tendrá derecho a comunicarse telefónicamente (directamente) con un tercero de su elección. No obstante, esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o del funcionario que designe el juez o fiscal. Por supuesto, este derecho podrá limitarse en casos de incomunicación.
  • El derecho al intérprete se amplia a las personas sordas o con una discapacidad auditiva, así como de otras personas que pudieran presentar dificultades del lenguaje.
  • Derecho a ser visitado, comunicarse y mantener correspondencia con las autoridades consulares de su país.
  • Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, y a que se le informe del procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
  • Se le debe informar al detenido del plazo máximo legal de duración de la detención y del procedimiento por el cual puede impugnar la legalidad de la detención.
  • El detenido podrá conservar en su poder la declaración escrita de sus derechos durante todo el tiempo que dure su detención.
  • El abogado designado acudirá al lugar de detención a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo.
  • También como novedad el abogado debe informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. De forma expresa, el texto recoge que en caso de que el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia.
  • Finalmente, una de las modificaciones que entendemos de mayor calado, que es el derecho del abogado a entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial (salvo supuestos de incomunicación).

Por último, el artículo 527 de la Lecrim., que establece los derechos de los que el detenido o preso podrá ser privado en casos de incomunicación, siempre y cuando lo justifiquen las circunstancias de cada caso. Esos derecho de los que podrá ser privado son la designación de abogado de confianza, comunicaciones con terceras personas, entrevista reservada con su letrado y por último, el derecho de acceder él o su abogado a las actuaciones (salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.

Como se dijo anteriormente, la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, en su reunión de fecha 15 de julio de 2015, aclaraba cuales son los elementos de las actuaciones esenciales que se consideran esenciales para impugnar la legalidad de la detención y que deben facilitarse al detenido o a su abogado. Dicha información fundamental es la siguiente:

  • Lugar, fecha y hora de la detención.
  • Lugar, fecha y hora de la comisión del delito.
  • Identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de los hechos.
  • Indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delictivo. A este respecto aclara la comisión que los indicios deben de consignarse de forma muy genérica, por ejemplo, declaraciones de testigos (sin identificarlos), huellas dactilares, reconocimiento por terceras personas (sin especificar quienes son), etc.

Con respecto a esta información al detenido se establecen una serie de casos particulares: detención de requisitoriados (informando al detenido del contenido de la requisitoria), detención en cumplimiento de una Orden Europea de Detención (informando al detenido del contenido de la OEDE) y por último, detención en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención (informando al detenido del contenido de la OID).

Por último, la CNCPJ establece una serie de limitaciones al ejercicio de este derecho de información al detenido, concretándose tal limitación en los siguientes casos:

  • Cuando el grado de complejidad o gravedad de los hechos puedan dar lugar a una declaración judicial de secreto de las actuaciones y especialmente cuando el Instructor tenga intención de solicitar tal secreto a la autoridad judicial.
  • Al objeto de evitar un riesgo grave a la vida, libertad o integridad física de una persona.
  • Necesidad de prevenir una situación en la que se comprometa de forma grave la investigación o el proceso.

Esta información que deberá darse a todo detenido, se incorporará al Acta de Detención e Información de Derechos, conformando un único documento que se entregará al detenido.

Novedades en materia de traducción e interpretación

Por su parte esta modificación encuentra su justificación en la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 20 de octubre de 2010 y relativa al derecho a la interpretación y a traducción en los procesos penales.

No es el objetivo de este artículo extenderse en el análisis de las novedades en materia de traducción e interpretación que se han introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no nos resistimos a realizar una pequeña enumeración a modo de resumen de las principales modificaciones:

  • Derecho del imputado o acusado que no hable o entienda el castellano o la lengua oficial en que se desarrolle la actuación a:
    • Ser asistido por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.
    • Servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su Abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de declaración, o que resulten necesarias para la presentación de un recurso o para otras solicitudes procesales.
    • La interpretación de todas las actuaciones del juicio oral.
    • La traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia.
    • Presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.
  • Suspensión de plazos procesales mientras se realizan las traducciones.
  • Posibilidad de sustituir la traducción escrita de documentos por un resumen oral de los mismos.
  • Interpretación consecutiva en el juicio en el caso de no disponerse del servicio de interpretación simultánea.
  • Posibilidad del intérprete de prestar la asistencia por videoconferencia o por cualquier medio de comunicación.
  • Normas de documentación de las interpretaciones orales o en lengua de signos.

Por último, recordar que este artículo es una mera aproximación a las reformas, siendo de excepcional interés el estudio completo de todas las modificaciones. Los enlaces a la normativa completa son los siguientes

  • Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
  • Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
  • Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.