El Impuesto de Sociedades en 2015

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2013

Hoy, en este artículo, vamos a tratar sobre las bases generales (no tanto de nuevo cuño para que el lector/a se familiarice con el concepto) de una ley que está justo recién “salida del horno”, recién aprobada, sin que aún ni siquiera la misma haya podido entrar en vigor, la misma está en plena fase de alumbramiento, es decir, en vacatio legis, y la misma no es otra que la ley que trata sobre el IS, el Impuesto de Sociedades.

impuesto de sociedadesAntes de entrar en materia aclarar un punto para quien lo desconozca que es el explicar cuando una ley se encuentra en vacatio legis que significa. Decir que una ley se encuentra en este estado cuando ya ha sido promulgada, aprobada y publicada, pero cuando la misma aún no ha entrado efectivamente en vigor, cuando aún no ha adquirido efecto. A este periodo que podríamos denominar transitorio es al periodo que se le denomina vacatio legis para una ley que está en el mismo. Esta ley aquí indicada estará concretamente en esta situación hasta el próximo día 1 de enero del 2015, día que es cuando la misma entrará en vigor y tomará plenos efectos.

Sobre la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Sobre la naturaleza del IS diremos que “el Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las normas de esta Ley” (art. 1 LIS).

Sobre le IS también diremos que el Impuesto sobre Sociedades se aplicará en todo el territorio español (art. 2.1 LIS) entendiendo que a efectos de concepto de esta ley “el territorio español comprende también aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el derecho internacional”, todo ello sin menoscabo de que ello “se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra”.

Referente a aquello que grava el IS diremos que “constituirá el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que fuese su fuente u origen” (art. 4.1 LIS) y que “en el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, se entenderá por obtención de renta la imputación al contribuyente de las bases imponibles, gastos o demás partidas, de las entidades sometidas a dicho régimen” (art. 4.2 LIS), añadiendo el mismo artículo que “En el régimen de transparencia fiscal internacional se entenderá por obtención de renta la imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente”, y siempre teniendo presente que “se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios” (art. 5.1 LIS) con la particularidad establecida en el mismo art. 5.1 LIS que “en el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa”, sin olvidar que “En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo”.

Contribuyentes, residencia y domicilio fiscal

En relación al IS diremos que son contribuyentes del mismo siempre y cuando tengan la residencia en territorio español, los siguientes sujetos:

Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, las sociedades agrarias de transformación, reguladas en el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, los fondos de inversión, regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de las agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional, los fondos de capital-riesgo, y los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado regulados en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, los fondos de pensiones, regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, los fondos de regulación del mercado hipotecario, regulados en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, los fondos de titulización hipotecaria, regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de activos a que se refiere la Disposición adicional quinta.2 de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, los fondos de garantía de inversiones, regulados en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas por la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común, o en la legislación autonómica correspondiente y los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Los anteriores “serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador” (art. 7.2 LIS) siendo considerados residentes en territorio español cuando concurra alguna de las tres siguientes cuestiones: que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas, que tengan su domicilio social en territorio español o que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español (todo ello en base respectiva al art. 8.1 a), b) y c) de la LIS).