¿Es necesario crear una legislación específica que regule la repatriación de personas con enfermedades contagiosas graves?

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Esta es la pregunta, o la afirmación en muchos casos, que se hace la ciudadanía española tras conocer ayer la noticia de que una enfermera que mantuvo contacto con los misioneros españoles repatriados con el virus del ébola daba positivo en las pruebas.

Cuando las autoridades sanitarias hicieron pública la noticia de que se iba a repatriar al primer misionero contagiado en Liberia, muchas voces se alzaron para alertar de las consecuencias que dicha acción podría acarrear.

Además, los dos repatriados se encontraban en una fase avanzada, con altas posibilidades de contagio y con un pronóstico grave, por lo que una gran parte de la Sociedad tachó de “grave error” las decisiones tomadas. El resultado de las mismas es que tristemente nos hemos convertido en el país con el primer fallecido y con el primer contagio por el virus en Europa y además, el primero fuera del continente africano.

Muchos especialistas, sanitarios, militares…, aseguran que en ningún caso se debe mover a pacientes contagiados por los riesgos que ello conlleva. ¿Hemos actuado correctamente trayendo a España a dos pacientes con el ébola? De momento, tendremos que esperar unos 20 días para conocer la verdadera repercusión de este contagio. En las próximas semanas sabremos si nos exponemos a una pandemia en nuestro país o si las consecuencias de nuestros actos quedan reducidas a un solo contagio.

Ha quedado patente el peligro que suponen estas repatriaciones, pues ni siquiera la existencia de protocolos estrictos y la gran profesionalidad de los sanitarios que se han encargado de esta tarea, han conseguido evitar el contagio. Una vez extendido al primer caso, poco se puede hacer salvo esperar, máxime teniendo en cuenta que esta enfermera ha convivido en su entorno durante casi una semana con síntomas de la enfermedad.

Por tanto, al margen de todos esos aspectos tan importantes que no entraremos aquí a debatir, como la idoneidad de los protocolos establecidos, la necesidad de someter a cuarentena a los profesionales sanitarios tras el contacto con los enfermos, el adecuado aislamiento y la esterilización y calidad de los medios materiales sanitarios, etc., nos preguntamos si este tipo de decisiones pueden dejarse en manos de los Gobiernos, o si por el contrario, es necesario establecer una legislación bien regulada que sea justa y que proteja los intereses de todos los ciudadanos de un País.

Estaríamos hablando de una legislación que protegiera también los intereses de los contagiados fuera de nuestras fronteras, por supuesto, pero que se asentara en las recomendaciones internacionales que aconsejan no trasladar a sujetos contagiados para evitar el riesgo de pandemia.

¿Cuál es vuestra opinión?