Incapacidad permanente y depresión crónica

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¿Una persona con depresión crónica debe ver reconocido el derecho a la incapacidad permanente? Ante esta disyuntiva se encuentran habitualmente los jueces de nuestro país, y hoy vamos a ver una sentencia que sienta un precedente importante en nuestra jurisdicción.

El Juzgado de lo Social número 11 de Madrid ha tenido que dirimir en relación al caso de una mujer que hacía funciones de comercial y solicitó la incapacidad permanente absoluta, o en su defecto, la incapacidad permanente para el ejercicio de funciones comerciales, su trabajo habitual.

Poniendo un poco el asunto en perspectiva diremos que la misma presentaba un cuadro ansioso que le ocasionaba estar triste, además, tal estado le ocasionó una modificación en su patrón de ingesta de alimentos y le causó, entre otras dolencias y trastornos, alergia, apatía y un estado de aislamiento.

Puestos en situación llega el momento de ver aquello que el juzgado decidió al respecto, pues resulta sumamente interesante de analizar tanto para dicho caso en cuestión como para otros casos similares que se pretendan analizar.

Así dicho juzgado de lo social desestimó la pretensión de la mujer de que le fuese concedida la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajos pues estimó que tal dolencia no la incapacitaba para desarrollar todo tipo de profesiones pero, por el contrario, sí que estimó la petición de concederle la incapacidad permanente para el ejercicio de agente comercial, su profesión habitual.

Y, ¿en base a qué argumentos el juzgado estimó la solicitud de incapacidad permanente para el ejercicio de labores de comercial? Bien, el juzgado consideró que a todas luces resulta evidente que la actividad de comercial requiere de un trato personal con otras personas y de unas labores de captación y gestión que una persona en el estado de la mujer en cuestión no podría desarrollar de ningún modo con la debida dedicación, ni continuidad y, por supuesto, ni mucho menos, con la debida efectividad.

Este asunto no es la primera vez que se dirime en los juzgados y tribunales de nuestro país, y esta sentencia no hace más que ahondar, que hacer hueco en un asunto que no está exento de controversia y de distintas interpretaciones.

Uno de los aspectos más interesantes de esta sentencia es que la misma hace un exhaustivo repaso a la legislación que sobre este asunto existe y también se detiene a analizar pormenorizadamente la distinta jurisprudencia que ya existe, y hace hincapié en la necesidad de que para llevar a cabo una determinada actividad profesional la persona debe de poder llevarla a cabo con la debida profesionalidad y eficacia.

Otro aspecto que resulta absolutamente determinante en la sentencia y que resulta muy digno de mención y análisis es la diferenciación que hace el juzgado de la actividad profesional desarrollada en concreto para determinar si corresponde, o no, conceder la incapacidad permanente. Esto es sumamente importante pues determina un aspecto relevante: la capacidad o incapacidad puede, en algunos casos, no ser algo que deba valorarse de forma general sino en relación a las tareas concretas que debe desarrollar quien sufre una determinada dolencia. Así, en una misma situación para una persona con un determinado tipo de tareas asignadas puede resultar adecuado concederle la incapacidad temporal mientras que para otra persona con la misma dolencia pero con otro tipo de tareas asignadas lo que corresponda sea que tal incapacidad permanente no le sea concedida.

Por supuesto, pueden existir dolencias que sí que incapaciten permanentemente para el ejercicio de cualquier actividad profesional, por ejemplo, este es el caso muy relevante dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en relación al caso de una persona que presentaba un síndrome de fatiga crónica, depresión y fibromialgia.

En este último caso, el tribunal estimó probado que la mujer (operaria de la industria química) sufría fibromialgia, síndrome de fatiga crómica y cuadro grave de recurrente depresión mayor, entre otras problemáticas, y en virtud a ello entendió que la misma no estaba capacitada para desarrollar ningún tipo de actividad profesional con la necesaria profesionalidad y efectividad.

Teniendo en cuenta estos aspectos, que como ya se ha visto con anterioridad resultan indispensables para el desempeño de una labor cualquiera, el tribunal le concedió a la empleada la invalidez permanente.