La grabación de los trabajadores sin informarles es legal

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Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre si grabar a los empleados a la oficina o en el puesto de trabajo sin informarles de ello era legal o ilegal. Finalmente, después de infinidad de casos denunciados por multitud de trabajadores, el Tribunal Constitucional ha fijado una nueva doctrina al respecto sobre la vigilancia con cámaras.

El último caso respecto a la grabación de los trabajadores ha sido el de una empleada de Bershka, la cual fue despedida por la empresa por apropiarse de dinero en efectivo de la caja registradora. El Tribunal Constitucional ha establecido que todas las empresas podrán vigilar a sus trabajadores o empleados mediante cámaras de seguridad sin necesidad de informarles de ello.

En una reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, éste da respuesta a la demanda de amparo interpuesta por la empleada de Bershka, quien fue despedida tras haberse apropiado indebidamente de dinero en efectivo en la caja de la tienda donde trabajada.

Por su parte, la empresa se sustentó en unas grabaciones que había tomado la cámara de videovigilancia que había instalada en el lugar de trabajo de la cual que no se informó a los trabajadores del lugar, a pesar de que en el escaparate del establecimiento, en un lugar perfectamente visible, había colocado un distintivo que informaba de ello.

grabar-a-los-trabajadoresEn la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, el mismo ha determinado una excepción a la exigencia de precisar el consentimiento del empleado para tomar grabaciones de los empleados del lugar, ya que las cámaras de seguridad instaladas tenían como principal objetivo contribuir a la seguridad así como al control laboral.

De hecho, tal y como se encuentra reflejado en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, la vigilancia y el control por parte de cualquier empresa para comprobar el adecuado cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del trabajador es legítimo, aunque como resulta obvio se ha de guardar la debida consideración a la dignidad de la persona.

En lo referente a la ausencia de información a los empleados de la empresa de la existencia de una cámara de seguridad que les estaba grabando, el Tribunal Constitucional establece que en contra de lo que dice el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la validez de las imágenes que son captadas a través de una cámara de vigilancia sin informar a los trabajadores requiere de un análisis exhaustivo caso por caso, ya que como es lógico no todos los casos son idénticos.

Además, como se decía anteriormente, el Constitucional tiene en cuenta que la empresa había ubicado un distintivo claro y totalmente visible que advertía de la existencia de la cámara de seguridad en el establecimiento.

Tal y como indicó Román Gil, socio de Sagardoy, lo realmente importante será determinar si las imágenes que han sido captadas por la cámara de vigilancia del local se han obtenido con la finalidad de controlar la relación laboral de los empleados o si por el contrario ha sido para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, ya que únicamente en el segundo de los supuestos es preciso solicitar el consentimiento de los empleados que van a verse afectados.

Es decir, el uso de cámaras de seguridad ocultas en los centros de trabajo centradas en tener un adecuado control del desempeño laboral de sus trabajadores es perfectamente legítimo, siempre y cuando existan determinadas garantías y limitaciones al respecto para en ningún caso vulnerar la dignidad del trabajador. Y es que solamente con ayuda de cámaras de vigilancia, las empresas pueden verificar que los empleados no están cometiendo graves irregularidades en su puesto de trabajo.

La instalación de cámaras sin informar no vulnera la intimidad de los trabajadores sin su conocimiento, ya que el principal objetivo es conseguir una adecuada comprobación de que el trabajo que desempeñan los empleados se desarrolla correctamente.

Aunque siempre se pueden encontrar quienes analizan en profundidad la legalidad de estas medidas desde el punto de vista de la ley de protección de datos de carácter personal (LOPD), y más concretamente su Reglamento de Desarrollo y la Instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos 1/2006 sobre Videovigilancia, aunque como resulta evidente seguir esta ley al pie de la letra implicaría eliminar toda posibilidad de ‘pillar’ a cualquier empleado desleal.