La importancia de prevenir en el ámbito legal

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Dice el dicho popular que más vale prevenir que curar. Eso puede aplicarse en muchos ámbitos y, sin duda alguna, en el ámbito legal de las empresas, de las personas jurídicas en general, no cabe duda que es clave. Ello siempre es así, pero sobre todo y máxime desde que la reforma del CP mediante la Ley Orgánica 5/2010 estableció por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Más allá de las sanciones administrativas que siempre han podido ser impuestas a las compañías, la gran novedad aportada por esta reforma fuel el hecho de tratar a las empresas como un sujeto en sí mismo capaz de ser condenado por el ordenamiento penal, y por tanto, de sufrir consecuencias penales directas, por hechos delictivos que se hayan cometido en su seno.

Los delitos siempre se habían considerado como hechos cometidos por personas físicas y, por tanto, con responsabilidad penal de estas personas físicas. Todo ello sin perjuicio de que pudiesen aplicarse sanciones administrativas o responsabilidades civiles subsidiarias o lo que fuere a personas jurídicas. Pero las empresas, las personas jurídicas no tenían entidad propia para ser condenadas penalmente.

Si queremos poner un ejemplo práctico y claramente entendible podemos decir que, hasta la reforma que introdujo esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, el responsable penal de apretar un gatillo era quien efectivamente lo apretaba. Después de la reforma esa responsabilidad puede extenderse a la persona jurídica, a la empresa que no hubiese puesto las medidas suficientes para prevenir la comisión de ese delito.

Obviamente, en este artículo no nos estamos refiriendo tanto al asesinato de alguien mediante un disparo como el elemento de responsabilidad penal habitual en una empresa, pero sirva ello como metáfora para visualizar algo muy importante y preguntarse algo muy trascendente: ¿es lógico que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal?

El debate aún está abierto y, sin duda alguna, no está exento de controversia. Muchas son las voces que se alzan en contra de esta posibilidad de condenar penalmente a una empresa, pero el ordenamiento jurídico actual lo permite y a ello debemos atenernos. Incluso tal responsabilidad se extendió a partidos políticos y sindicatos a través de la Ley Orgánica 7/2012.

Siguiendo con la analogía, con el supuesto de disparar un arma que cause la muerte de alguien hagamos una pregunta que sirva para entrar en el debate anterior: ¿Tiene responsabilidad de la muerte de alguien quien no ha apretado el gatillo para que se produzca esa muerte? ¿Qué culpa tiene la empresa de que un empleado o directivo de la misma haya delinquido? ¿Es delincuente una empresa porque uno de sus empleados o directivos haya delinquido en y a través de la misma?

Ley en mano la empresa puede tener responsabilidad penal y la puede tener no tanto como autora material de los hechos, pues resulta evidente que materialmente quien ejecuta un delito siempre es una persona física, sino por no haber puesto los responsables de la misma las medidas necesarias para evitar la comisión de ese delito.

Una vez más, ello nos lleva a otra controversia, si la empresa (o la persona jurídica de la que se trate) resulta claro que no es autora material de lo ilícito penal sucedido y resulta claro también que la prevención que debería haberse aplicado está en manos de los responsables humanos de la misma, ¿por qué no se castiga sólo a quienes lo hicieron materialmente y, en todo caso, a quienes no lo previnieron adecuadamente? Sin duda, el debate está servido.

Resulta evidente que la mala acción de una determinada persona o personas podría conllevar penas solo para estas personas en base a las figuras penales por las que se les pudiesen encausar, y eventualmente condenar. Resulta evidente también que el castigo a la empresa en su conjunto puede parecer para muchos desproporcionado e incluso difícil de justificar desde un punto jurídico, pues entra en duda la misma capacidad de que una persona jurídica pueda considerarse que tiene capacidad suficiente para ser juzgada y condenada.

Dicho lo anterior, también resulta justo decir que a partir de la última reforma del CP que se realizó mediante la Ley Orgánica 1/2015 se establece la posibilidad de que las personas jurídicas queden exentas de responsabilidad penal si resulta acreditado que antes de suceder el delito los responsables de la misma han actuado adoptando y poniendo en marcha las medidas suficientes que mitigasen el riesgo de cometerse delito de forma significativa.