La militancia en el PP de Pérez de los Cobos, aprobada por el Constitucional

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Así ha sido considerado por el Alto Órgano, que no encuentra justificación para que el Presidente de la misma, Don Francisco Pérez de los Cobos, se abstenga de participar en los litigios que la Generalitat catalana pueda presentar ante este Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la Generalitat catalana sigue poniendo en duda la imparcialidad del mismo en cualquier proceso que les afecte, atendiendo a su participación mientras era magistrado en actividades de la Fundación FAES (relacionada con el PP ) y su vinculación con publicaciones claramente contrarias a las líneas de pensamiento del nacionalismo catalán.

En su auto, entre otras cosas, el Tribunal se apoya en el juramento al que los magistrados del Constitucional están sujetos, “juramento o promesa, que prestan al asumir su cargo ante el Rey, de guardar y hacer guardar fielmente la Constitución”, explicando que aquellos rasgos personales del carácter y pensamiento de los mismos, no deben ser considerados “condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el artículo 22 de la LOTC no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, también en los juristas de reconocida competencia”, y continúa “En el ejercicio de sus funciones los miembros de este Tribunal Constitucional actúan sometidos a estrictos parámetros jurídicos y con el solo medio de la argumentación jurídica para resolver las controversias que llegan a su conocimiento, incluso las que presentan un perfil o unas consecuencias más netamente políticos, sin más subordinación que a la Constitución. Los argumentos, que son objeto de la pertinente y en ocasiones prolongada deliberación en las sesiones colegiadas, quedan recogidos debidamente en los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión”.

Los magistrados recurrentes, que aún así han admitido la constitucionalidad de la afiliación política de los magistrados constitucionales entendían que el presidente del TC incurrió en las causas de recusación y abstención previstas en el artículo 219.9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por su íntima amistad con una de las partes y su interés en un sentido de la causa.