La validez de los contratos electrónicos

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El comercio electrónico y las relaciones contractuales en general celebradas por vía electrónica son una realidad ya instalada en nuestro entorno y en pleno auge, es más estas relaciones son una de las auténticas transformaciones que han llegado a través de Internet, y es una transformación que ha llegado para quedarse y que nos transformará aún más.

De todas las connotaciones e implicaciones que tienen las relaciones contractuales de cualquier tipo celebradas por métodos electrónicos una de las que más recelo y controversia ha generado siempre es su eficacia, es decir, la validez de las mismas.

Primero el avance, luego la ley

Como en casi todo en la vida, los avances sociales, tecnológicos y científicos preceden a las leyes que los tienen que regular y no al revés y en este caso tampoco nos encontramos ante una excepción, pues esta realidad ya hace tiempo que está entre nosotros, y si bien es cierto que existe una regulación al respecto desde ya hace tiempo, no siempre se ha estado exento de controversia. Además, en muchas ocasiones algunos jueces no han facilitado las cosas, manteniéndose anclados en una visión anticuada y no dando la misma validez o fiabilidad a un documento contractual que a uno electrónico. Hoy esa triste realidad empieza a estar superada y los contratos celebrados electrónicamente son plenamente desarrollados y aceptados.

Bien cabe decir que uno de los problemas que han presentado siempre este tipo de contratos ha sido los de su integridad, la seguridad de los mismos, la fiabilidad de que la firma electrónica sea auténtica y todas estas implicaciones aparecidas en la era de las TIC. Bien cabe decir también que ello ha sido más que lógico que generase dudas y controversia pues ante todo y para que no se mermase la seguridad jurídica de las partes debía garantizarse la integridad y fiabilidad de lo contraído, pero ello también empieza a quedar superado con los avances tecnológicos, la mayor dificultad para corromper las comunicaciones, la seguridad de las firmas electrónicas, etc.

Sobre la base de la LSSI

Concretamente si nos hemos de atener a lo que establece la ley decir en el marco español hemos de estar a tenor de lo que se establece en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, entre otros preceptos legislativos que pudieran resultar de aplicación.

Específicamente la vigente LSSI establece en su artículo 23 la “validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica”.Y la misma ya en su primer punto deja bien claro que “los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez”, o dicho de otra forma lo anterior: la ley reconoce la eficacia de todos los contratos celebrados electrónicamente. Todo ello con la salvedad expresada en el punto cuarto del mismo artículo donde dicta que “no será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones“.

A la salvedad expresada anteriormente sobre la validez de los contratos celebrados por vía electrónica también cabe incorporar la siguiente excepción establecida en la segunda parte del apartado cuatro del mismo artículo que se viene mencionado. Excepción que se expresa con una inaplicación de la validez electrónica en “Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica”.

Sobre todo ello indicar que el poder legislativo con el fin de solucionar -en parte- el problema de la seguridad e integridad de los contratos celebrados por vía electrónica ha dispuesto que “cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica“. (art.24.1 LSSI).

Y para finalizar indicar un precepto de la LSSI que muestra bien nítidamente la voluntad del legislador de que estos contratos resulten plenamente válidos mediante soporte electrónico que los pruebe, pues la misma LSSI lo expresa expresamente indicando que “En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental“. (art.24.2 LSSI).