Las tasas judiciales en la actualidad

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Si mirásemos atrás y revisásemos algunas de las medidas más controvertidas de esta legislatura política que ahora finalizamos, sin duda nos encontraríamos en las posiciones más altas de estas medidas polémicas y controvertidas con la instauración por primera vez en España de un importe económico a pagar por las personas que desean acceder a la justicia, por la instauración de las denominadas tasas judiciales.

Desde su aprobación, las tasas judiciales tal y como se ha dicho, han resultado muy controvertidas y es que han sido tachadas por muchos como injustas y discriminatorias e incluso han despertado acusaciones de inconstitucionalidad por entender que las mismas suponían atentar directamente contra un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva pues, a entender de quienes las critican, suponen un obstáculo, una cortapisa importante para acceder a la justicia y con estas se encontrarían en dificultades para hacerlo de no disponer de suficientes recursos económicos, lo que entienden supondría lesionar el derecho fundamental mencionado.

Para hacer honor a la verdad también es necesario mencionar que existe otra corriente de pensamiento que considera que tales tasas no pueden, ni deberían, considerarse un obstáculo para el acceso a la justicia y, en consecuencia, una lesión para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, máxime cuando el mismo legislador resulta habilitado legalmente para configurar la forma de acceso, siempre que el mismo no resulte limitado, y máxime también cuando existen mecanismos para los más necesitados económicamente como son el derecho a la justicia gratuita. Además, los defensores de este tipo de tasas también alegan que más allá de su carácter recaudatorio tienen un importante efecto disuasorio de abusos en el acceso y por tanto suponen una buena criba y esponjan una maltrecha por saturada justicia española.

Aquí no corresponde entrar a valorar si unos u otros tienen razón, aquí lo que corresponde es exponer cómo han evolucionado estas tasas judiciales desde su aprobación y muy especialmente cómo se encuentran en la actualidad.

Los efectos de la presión

Sin duda, no se puede negar que las tasas judiciales polémicas lo han sido desde su inicio, y todo parece indicar que lo serán hasta su epitafio (si es que el mismo llega a producirse), pues más allá de críticas por parte de los mismos abogados y de otros operadores a la mismas, más allá de la contestación social de distinta índole que estas han recibido y más allá incluso de recursos de inconstitucionalidad contra las mismas, incluso estas se han visto recientemente involucradas en una agria polémica relacionada con el destino hacia que que ha ido destinado el dinero recaudado desde su vigencia con estas. Y es que si bien la ley prevé que las mismas deban ir destinadas a la justicia gratuita parece ser que no ha sido así, y el mismo Gobierno del Estado ha tenido que salir a reconocerlo, por todo ello –aunque parezca mentira- se puede decir que nadie sabe dónde se ha destinado la cifra millonaria recaudada.

Pero si algo ha suscitado polémica es la propia pervivencia de las tasas judiciales, y todo parece indicar que la alta contestación social recibida he hecho mella y está a punto, o mejor dicho, ya está provocando un vuelco en estas. Todo ello también –como no podía ser de otra forma- con polémica.

El presente y futuro de las tasas judiciales

De un tiempo a esta parte el discurso oficial del gobierno ha cambiado, y ha pasado de ser un discurso plenamente defensor de las mismas a mostrarse más parco en palabras en la defensa de éstas e incluso empezar a hablar de “revisar las tasas judiciales”. Este afán “revisador” se ha visto incrementado y se ha acelerado con el cambio del ministro de turno de la cartera encargada de implantar y quitar dichas tasas, y es que ha sido precisamente el ministro de justicia entrante el señor Rafael Catalá quien ha hablado de la voluntad de revisar dichas tasas judiciales.

Una voluntad de “revisar” que todo parece indicar de entrada no ha satisfecho a quienes combaten las mismas y les ha dejado a la espera y expectantes, pero muy escépticos, pues los críticos a las mismas consideran que no basta con una revisión de las tasas judiciales sino que lo corresponde es que las mismas sean derogadas sin más, o que en todo caso si se revisan, tal revisión alcance a todas las personas físicas y también a las empresas pequeñas.

Tal escepticismo podría tener los días contados pues recientemente el gobierno ha dado un paso más y ha anunciado – ahora sí parece firmemente- la intención de revisar las tasas judiciales y eliminarlas para todas las personas físicas. Al parecer tal medida alcanzaría a todas las instancias y los órdenes, es decir, en la práctica para las personas físicas las tasas judiciales dejarían de existir.

Este anuncio parece que va más en la línea de las exigencias de quienes solicitaban el fin de las tasas judiciales, pero la polémica no ha terminado e incluso ya hay quien ha tachado este anuncio de reforma de “engaño”. Y tan gruesa definición viene dada por distintos motivos que aún no quedan resueltos: el gobierno ha anunciado tal reforma pero no ha anunciado ni cuándo ni cómo se va a aplicar (todo parece indicar que si finalmente se produce esta revisión no va a ser antes de verano, y además tenemos que tener presente que estamos a punto de llegar al final de la legislatura) y tampoco ha anunciado que las mismas vayan a ser eliminadas o revisadas para las pymes y según parece las mismas seguirían sujetas a las mismas.

En definitiva, las tasas judiciales se han convertido en un culebrón de los buenos que ya hace mucho tiempo que dura y que va dando que hablar. Todo parece indicar que se acerca el final del mismo, pero como hemos visto, aún quedan algunos capítulos por descubrir, y quizá , quien sabe, aún nos queda por recibir alguna sorpresa más relacionada con estas controvertidas y desdichadas tasas.