Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

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La Ley 36/2011, de 10 de octubre es la ley sobre la que se sustenta la regulación de la jurisdicción social, y esta conviene conocerla por si alguna vez debemos acudir a tal jurisdicción por ejemplo por problemas laborales que nos puedan surgir, y también es muy importante de conocer por algunas novedades que nos trajo consigo. Algunas de ellas que pasaron muy inadvertidas pero que tienen un profundo calado, como es el caso de que, en algunos supuestos los funcionarios públicos puedan acudir a esta jurisdicción a dirimir sus conflictos con sus empleadores y no a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los rasgos generales de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

Son muchos los aspectos que relacionados con la jurisdicción social los que esta ley regula, pero si debemos hacer un breve compendio de aquellos, que quizá, puedan ser considerados como algunos de los puntos más vitales y claves sobre los que trata y regula la ley, podremos nombrar los siguientes:

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción socialPor un lado, esta ley regula aspectos tan elementales como el quién puede acceder a esta jurisdicción, es decir aquellos asuntos de los cuales conocerá, corresponderán a la jurisdicción social. Tal y como veremos en párrafos posteriores, es precisamente este punto, el que nos introducirá al caso concreto de los funcionarios públicos que se comentaba al inicio de este artículo.

Así, de forma no exhaustiva, y en resumidas cuentas, diremos que esta ley establece que serán del ámbito de su conocimiento por ejemplo las cuestiones litigiosas que se produzcan entre empresarios y trabajadores cuando tales conflictos tengan que ver con su relación laboral, y por ende por el contrato laboral que les une, con las salvedades legales al respecto, y en relación a los derechos y obligaciones legales dimanantes de tal vínculo contractual laboral (art.2a.).

Otro de los asuntos que regula dicha ley es sobre la necesidad o no de que en dicha jurisdicción se deba ir asistido de abogado, graduado social colegiado o procurador. Al respecto, la ley nos dice que “la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica gratuita” (art. 21.1)

Lo anterior es un punto clave, muy interesante de conocer, pues si bien en muchas otras jurisdicciones no es posible que asistamos sin abogado, es decir, no es posible que nos defendamos nosotros mismos, en la jurisdicción social sí que lo es (en instancia). Atención que ello no significa que sea recomendable hacerlo, pues es profundamente desaconsejable si no somos duchos en derecho que nos la juguemos por nuestra cuenta, lo que significa es que técnicamente de ser posible, lo es.

Lo es entendiendo por ejemplo que “si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el secretario judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes” (art.21.3)

Funcionarios a la jurisdicción social

Tal y como se decía al inicio de este artículo, el orden natural de los funcionarios públicos como regla general desde antaño había sido el orden contencioso – administrativo, esta ley cambió algunas cosas y por ejemplo estableció que:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones”. (art.2e.).

De lo que se muestra en el párrafo anterior que incorpora el artículo 2e de dicha ley sobre todo debemos fijarnos en lo que marca de “…bien sean funcionarios…” Este es el punto clave en el que se abre la puerta a que los funcionarios puedan acudir a esta jurisdicción para la resolución de los conflictos que se sucedan y que se encuentren dentro del marco de lo que establece la ley.

También cabe decir que recientes sentencias judiciales han ahondado en lo establecido en dicho artículo de la ley, reconociendo el derecho de funcionarios demandantes que su asunto fuese tratado por el orden social y no por el contencioso-administrativo.

En un marco un poco diferente, pero aún a mayor abundamiento de la relación de los funcionarios con dicha ley y con la jurisdicción social, decir que la ley que hemos venido tratando a lo largo de todo este artículo también nos indica que “los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social” (art. 21.5).

Como podemos ver en el párrafo anterior, toda otra muestra de la posibilidad, en los supuestos establecidos por la ley, de ser atendidos –los funcionaros públicos- por la jurisdicción social, y de ser atendidos cuando requieran de la asistencia jurídica gratuita en base a los mismos términos, en las mismas condiciones que las demás personas beneficiarias de tal servicio sin coste económico para el beneficiario.