Los juzgados, los niños y su madurez

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La participación de los niños en cualquier proceso judicial siempre es una cuestión complicada. Y ya no se está hablando de la imputabilidad o no a partir de una determinada edad cuando un menor es el que realiza un acto ilícito (tema que en todo caso merece un artículo independiente al respecto) sino que se está hablando de aquellos casos en los que un menor tiene que acudir a un juzgado por cualquier otra causa que le ataña a él, pero sin que resulte culpable de la misma.

En relación a todo ello recientemente la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA por sus siglas en inglés) ha realizado un informe que resulta crítico con algunos estados y su forma de tratar este aspecto. Concretamente, el informe establece la petición a España, y otros países, que el mismo establezca en sus juzgados herramientas que permitan evaluar la madurez de un menor para participar de algún modo o no en un proceso judicial.

niños y madurezLa FRA establece que queda demostrado un alejamiento de la realidad del día a día de la justicia de los niños y adolescentes que por distintos motivos deben acudir a la misma. Un tema a resolver, según la FRA, máxime cuando se cuentan por cientos de miles los menores que año tras año y dentro de la Unión Europea debe acudir a los mismos.

El caso más abundante en los juzgados europeos en relación a la participación de los menores en los mismos es el del divorcio de los padres. Concretamente, si cogemos cifras estadísticas de no hace tanto, sino del 2010, vemos que a lo largo de ese año desfilaron por los juzgados europeos para asuntos relacionados con el divorcio de sus padres la friolera de casi medio millón de niños y niñas, de menores afectados por ello.

Todo ello debe llevar a una profunda reflexión, y según la FRA los juzgados y tribunales de la Unión Europea deben velar por el interés de los menores, velar porque sus derechos sean respetados y cumplidos, y velar también por supuesto para que su paso por los juzgados no añada aún más desconcierto y dolor que el que ya les está tocando vivir por su situación familiar.

En otro orden de asuntos, debemos fijarnos en los miles y miles de menores al año que son víctimas ellos mismos de distintos delitos. Éstos, del mismo modo que se indicaba anteriormente, son merecedores de especial atención y deberían encontrar en los juzgados y tribunales a los que tengan que acudir un entorno amigable para ellos que propiciase el bienestar y relajación del menor y no encontrarse un terreno, en apariencia hostil, que lo único que hará es añadir dolor y ansiedad en el menor.

Uno de los aspectos y conceptos clave que menciona la FRA en su informe es el de madurez, y es que la misma organización entiende que es la evaluación de la madurez personal del menor la que debería determinar la forma de participación del menor en el proceso.

En otro orden de cosas sobre los menores y su participación en los juzgados, pero relacionado directamente con esto, la FRA también establece dos otras piedras angulares donde encuentra en la actualidad carencias importantes. Por un lado, manifiesta la necesidad de que el menor sea escuchado adecuadamente por los juzgados a los que tiene que acudir, hecho que, al parecer de la nombrada FRA no siempre sucede y reclama que se establezcan medidas particulares al respecto, y por otro lado indica que también existen importantes carencias en la información y asesoramiento que el menor recibe a lo largo del proceso.

En relación al derecho a que el menor esté siempre bien informado y asesorado a lo largo de todo el proceso judicial en el que se encuentra inmerso, la FRA en su informe también indica de que se establezcan medidas correctoras al respecto y muy particularmente aboga para que se asigne al menor un profesional que sea el único encargado de llevar a lo largo de todo el proceso esta tarea. Este profesional debidamente capacitado debería permitir generar un entorno de seguridad y confianza mayor en el menor que participa en el proceso.