Luz verde a la nueva ley de Seguridad Privada

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Luz verde con los votos de PP, CiU y PNV (en contra PSOE, Izquierda Plural y UpyD) a la nueva Ley de Seguridad Privada, que regula el trabajo e vigilantes y detectives privados. Tras lanzar la “Ley de Seguridad Ciudadana”, no exenta de polémica, entre otras cosas por lo que muchos han calificado un ataque a la libertad de expresión con la limitación de las protestas sociales, el Ministerio de Interior presenta este proyecto, con el que pretende modernizar la actual ley que data de 1992, argumentando que los servicios que ahora se contemplan, se venían realizando ya por estos profesionales aunque eso sí, sin respaldo legal.

Vigilantes de Seguridad

Con esta nueva definición y regulación del trabajo de los vigilantes de seguridad, se permite a los mismos, entre otras cosas, la vigilancia en espacios abiertos, tales como polígonos industriales, urbanizaciones, exterior de las cárceles y edificios públicos, acontecimientos deportivos, culturales, etc., zonas comerciales peatonales, y, en determinados supuestos, también en espacios y vías públicas, autorizándolos a realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito. En el caso de las zonas comerciales peatonales, deben contar con la solicitud expresa de dicho servicio de seguridad privada por parte de las empresas de la zona. En la nueva norma se contempla asimismo que los vigilantes de seguridad privada deben actuar siempre, y cuando proceda, coordinados con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes.

Nuestro Ministro de Interior, Jorge Fernández, considera que aún existe mucho margen de crecimiento en este sector en España y establece una comparativa con otros países europeos, donde la tasa de profesionales de la seguridad privada por habitante es mucho mayor; reconoce de igual forma que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están sufriendo en los últimos tiempo un fuerte recorte de personal. Según cifras ofrecidas desde el propio ministerio, solo se están cubriendo un 10% de los puestos que van quedando vacantes, con lo que quedaría ahí un “espacio laboral desierto”, en labores principalmente de vigilancia, que sería el que podría ocupar la empresa privada.

Sin entrar nosotros a realizar valoraciones personales a esta Ley de Seguridad Privada, muchas voces se han alzado contra esta modificación de la ley anterior  pues la consideran una privatización encubierta de la Seguridad en nuestro País. De igual modo, representantes de policías y guardias civiles rechazan la nueva norma. En declaraciones, José María Benito (portavoz del Sindicato Unificado de Policía SUP) vaticinó muchos problemas entre vigilantes privados y policías a raíz de estas novedades legislativas. Por parte de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) se interpreta esta nueva norma como una “privatización encubierta”.

Para responder a esta última polémica, el Ministerio de Interior reconoce que, efectivamente, la ley aboga por el crecimiento del sector de la Seguridad Privada, pero que en ningún caso se persigue con ello una privatización de aquellas competencias fundamentales de la Seguridad Pública, sino una regulación más moderna de las funciones de nuestros profesionales de la seguridad privada, que, como ya habíamos comentado anteriormente, serán principalmente labores de vigilancia.

Investigación privada. Detectives privados

En esta nueva ley de seguridad privada, se realiza asimismo una ordenación de los servicios de los detectives privados, regulando de forma detallada y completa sus actividades, frente a la anterior situación que sufría el sector, según Interior, de escasa reglamentación oficial.

Así, el nuevo texto detalla de forma pormenorizada “los ámbitos concretos en los que los detectives privados podrán desarrollar sus servicios y se exige el cumplimiento de unos requisitos en cuanto al cliente que debe acreditar la existencia de un interés legítimo como requisito previo para aceptar el servicio”. De igual forma, se estipula formalmente la obligación del profesional de emitir un informe de la investigación, que podrá ser solicitado para revisión por parte, no solo del cliente, sino en caso de que fuera necesario, también por parte de la autoridad judicial o policial que así lo requiriera, siempre que fuera de necesidad para un procedimiento o investigación en curso. Otro aspecto bastante importante y de calado es la regulación legal del “deber de reserva profesional” al que estará sujeto el detective privado.

Sistema de acceso para la Seguridad Privada

En este sentido, se producen valiosas novedades, pues a los sistemas de acceso profesional ya utilizados para “los vigilantes de seguridad, guardas rurales y escoltas”, como son pueden ser las pruebas de selección del Ministerio de Interior o la formación en centros habilitados para tal fin, se une ahora el acceso a través de un título reglado de formación profesional o del certificado de profesionalidad, en los términos que ya existen para otros profesionales.

Además, la nueva Ley de Seguridad Privada contempla la creación de un Grado Universitario para los “directores y jefes de seguridad y los detectives privados” (manteniendo los actuales sistemas de acceso).