Modificaciones importantes en el juicio de desahucio tras las Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización

0
2878

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización, se produce un cambio significativo con respecto a la normativa precedente, persiguiendo ésta nueva ley subsanar las carencias existentes y defectos normativos, para ello, se han buscado alternativas que permitan agilizar y mejorar sustancialmente la tramitación del proceso de juicio de desahucio por falta de pago.

El primero de los cambios producidos es el relativo a la agilización del lanzamiento, que ha planteado la existencia de dos fechas de lanzamiento distintas, una fecha posterior a la del juicio oral para el caso en que este se produjera y, otra fecha anterior a la del juicio oral por si no se celebrara éste. ¿Cuál ha sido el motivo de ésta decisión? Pues bien, el Juzgado se ha pronunciado al respecto en el sentido siguiente; ha considerado necesario plantear dos fechas diferentes que permitan prever situaciones dispares para evitar que el lanzamiento, quede señalado con carácter posterior en el tiempo sin posibilidad de ser adelantado en el caso de que no se lleve a cabo la celebración del juicio oral.

Ley de fomento del alquilerDe esta forma, con el establecimiento de ambas fechas, se pretende salvaguardar la anterior laguna, teniendo en cuenta que en la actualidad esta circunstancia se plantea de forma habitual en la práctica generando importantes demoras. Siendo por tanto, la problemática anterior manifiesta, la nueva redacción legal planteada en el artículo 440.3 LEC estable lo siguiente […] “el requerimiento expresará la citación para la práctica del lanzamiento en caso de que no hubiera oposición, procediéndose al lanzamiento en la fecha indicada”.

Lo que se pretende de esta forma, es buscar una mayor protección para el arrendador ante la posibilidad del incumplimiento del contrato por el arrendatario. Por otro lado, el mismo artículo despeja toda clase de duda acerca de la imposición de costas, pues se establece expresamente que el Decreto que pone fin al juicio de desahucio, impone las costas al demandado, incluyendo en este sentido todas aquellas rentas que se hayan devengado desde la presentación de la demanda hasta que se haga entrega de la posesión efectiva de la finca, teniendo como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada en la demanda.

En lo que respecta a la posibilidad de lanzamiento, se pone de relieve en este sentido, la posibilidad de previsión establecida en el artículo 400.3 LEC, a través de ella, el arrendatario puede responder entregando las llaves o en su defecto, la finca o local, en el plazo de diez días, pudiendo incluso realizar tal actuación con carácter posterior a ese plazo, siempre y cuando, se produzca antes del lanzamiento, cumpliendo así, dicha novedad introducida por la presente ley y, manteniendo el arrendador su derecho a la ejecución de condena dineraria por las rentas que han sido adeudadas, ejecución que se configura en este sentido, como una cuestión relevante mantenida en esta nueva normativa, pues la solicitud de ejecución de Sentencia de juicio de desahucio, regulada en el artículo 549 LEC en su apartado 3, viene a tipificar demandas de desahucio por falta de pago, considerando que para dicha ejecución, es necesario únicamente la denominada “solicitud de ejecución” sin necesidad según se desprende del propio tenor literal de ningún otro trámite, teniendo lo anterior, una mayor ventaja para el arrendador, que quedará exento en este sentido de tener que realizar un mayor trámite accesorio.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, encontramos mayores garantías para los arrendadores, no obstante, a pesar de ello, existen cuestión susceptibles de resolverse íntimamente ligadas a este tema, como la reclamación de cuotas comunitarias en comunidades de propietarios, situación ésta, que en momentos actuales está lejos de hacerse, pues no se han fomentado medidas para ello, siendo necesario realizar una mejora sustancial en éste ámbito aplicando igualmente novedades normativas para la resolución de controversias en este sentido.

Perfil profesional de la autora:

Paloma Ramírez Mosqueda.

Licenciada en Derecho.