Obligaciones en Internet: la importancia de la accesibilidad

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Sin duda las nuevas tecnologías, con Internet a la cabeza, se han introducido en nuestras vidas que se puede decir llanamente que las han transformado para siempre. Por supuesto como todos los cambios, también trae nuevas oportunidades y amenazas, y por supuesto nuevas responsabilidades y nuevas obligaciones, hoy en este artículo vamos a centrarnos en una de las vertientes del último aspecto reflejado: las obligaciones en Internet, y concretamente de las obligaciones que emanan de operar a través de Internet y especialmente de la accesibilidad que se nos exige.

Múltiples vinculaciones

Por supuesto, enfocar el asunto en toda su dimensión es imposible en un solo artículo y trasciende al objeto y objetivo de este artículo, pues si se quisiesen tratar todas y cada una de las obligaciones que se desprenden de nuestra actividad en Internet podríamos hablar de múltiples ámbitos y aspectos legales, desde obligaciones legales de ámbito penal para no incurrir en acto ilícitos, obligaciones mercantiles, etc., etc. y un largo, muy largo etcétera.

obligaciones en internetEs más, incluso ni tratando todos los aspectos que según nuestro ordenamiento jurídico tienen implicación directa o indirecta con nuestras operaciones en Internet alcanzaríamos en realidad toda la dimensión del asunto, pues por la propia naturaleza de la red, y dependiendo desde donde operemos, para quien operemos, cómo operemos, etc., pueden derivarse múltiples ordenamientos y/o derivadas que puedan o pudieran resultar aplicables, y que tuvieran, técnica o teóricamente, un impacto –en un grado u otro- sobre nuestra actividad cibernética.

Así las cosas, uno de los ámbitos concretos en los que conviene detenerse y analizar es el que se desprende lo que regula la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, pues sin duda está es la que tiene un mayor impacto y relevancia en las empresas y profesionales de nuestro país.

Consideraciones legales concretas

Dicho ello, en este artículo vamos a adentrarnos, vamos a encarar lo que establece la mencionada ley en las obligaciones que de la misma se desprende. Obligaciones que cómo vemos pueden tener y tienen un impacto diario sobre nosotros muy importante. Y especialmente vamos a hacerlo de la necesidad de que se nos pueda identificar adecuadamente por parte de terceros.

Así una de las primeras consideraciones que cabe establecer al respecto es la obligación que marca la ley y que exige que se nos pueda identificar fácilmente ante terceros por nuestras actividades en la red. Atención que en este artículo, y en este caso, no estamos hablando ni estamos diciendo que cualquier persona que actúe en la red está sujeta a estas obligaciones, es decir no estamos hablando de las personas que se mueven en las redes sociales y demás, sino que estamos hablando de aquellas empresas o profesionales que mediante un sitio Web quieren prestar, vender u ofrecer sus productos o servicios.

Lo anterior se encuentra encuadrado en el artículo 10.1 de la ley, y específicamente estipula que “el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información…”.

Al respecto de la información mínima que estaremos obligados a mostrar decir que la misma ley establece que tales datos mínimos son los siguientes: su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva (art.10.1.a) y los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad (art. 10.2.b).

Antes de pasar a un punto posterior resulta interesante un aspecto del párrafo anterior que no debe pasar por alto. Este aspecto no es otro que la mención expresa que se hace en la ley de que está información mínima de la que se debe disponer públicamente en la red debe facilitarse de forma permanente, fácil, directa y gratuita.

Este aspecto anterior que podría parecer no tener relevancia, la tiene, y mucha, pues detrás de esos conceptos se esconde una importante carga, una importante obligación y una necesidad de cumplirla de determinada manera que no debemos pasar en absoluto por alto, veámoslo detalladamente.

En muchas ocasiones resulta común que muchas de las empresas o profesionales que operen en la red, digamos que tienen la tentación de que sus datos no sean muy visibles, de que si existe algún problema con los servicios que prestan o bienes que ofrecen no se les pueda detectar ni localizar fácilmente y precisamente la ley lo que pretende, entre muchas cosas, es combatir este aspecto.

Y para combatirlo es que la ley impone que quien presta sus servicios u ofrece sus bienes a través de la red lo haga de una forma que se le pueda identificar, pero cómo que en este punto podríamos entrar –y en muchas ocasiones se ha entrado, y lamentablemente aún se entra- en la picaresca, el legislador establece en la ley un paso más: pues ya no tan sólo existe el imperativo de que se facilite la información, sino que se facilite de una forma concreta.

Así por ejemplo detrás de la necesidad de que dicha información se encuentre de forma permanente encontramos la necesidad de que quien presta los servicios u ofrece sus bienes no pueda ponerla y quitarla a su libre albedrio o de que sólo lo haga algunas épocas “para cubrir el expediente”. De la obligación de que sea de fácil acceso se desprende la necesidad de que no dificultemos la labor de quien la busca para que se harte de buscarla. De la obligación de que sea directa se desprende la intención de que no hagamos perder en recovecos a quien la busca con el fin de confundirle, y de la obligación que sea gratuita se desprende la necesidad de que no existan condicionantes ni obstáculos, ni por supuesto coste asociado, para quien la pretende encontrar.