Pilares básicos que todos debemos conocer sobre la Constitución Española

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La ley española sigue el sistema continental, lo que significa que se apoya principalmente en la ley en el sentido amplio y en menor medida por las decisiones judiciales y la costumbre. Asimismo, se trata de un ordenamiento legal complejo, en el que diversas leyes de las Comunidades Autónomas coexisten con la nacional.

Supremacía constitucional

La ley suprema es la Constitución española de 1978, que regula el funcionamiento de los organismos públicos y los derechos fundamentales de los españoles, así como la organización y las competencias de las diferentes comunidades autónomas. La Constitución, además de ser directamente aplicable por el poder judicial, goza de una supremacía material que determina el resto de las leyes en España.

Constitución española y separación de poderesControl constitucional

Todas las leyes en España deben ser declaradas compatibles con la Constitución (todas las leyes contrarias a la Constitución son nulas). Sin embargo, es claro que se necesita un organismo público para regular el cumplimiento de esta disposición. En el caso de España, existe el Tribunal Constitucional que sigue el modelo kelseniano o austriaco.

Siguiendo esta doctrina, el Tribunal Constitucional tiene dos funciones básicas:

  1. Asegurar que toda ley es compatible con la Constitución.
  2. Declarar la nulidad de las leyes que contravienen la Constitución.

La separación de poderes

La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el núcleo del sistema político. En el fondo, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (hombres y mujeres mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa a través de dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Los poderes judiciales recaen en manos de los jueces y tribunales, el Tribunal Constitucional se encarga de vigilar que las leyes y las acciones de la administración pública encajen en las disposiciones establecidas en la Carta Magna.