¿Qué cantidad se establece como máximo para que un abogado pueda colegiarse?

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El Gobierno ha establecido ese techo en 250 euros anuales tal como se recoge en el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, basándose en el “promedio de las cantidades deducidas por dicho concepto en las declaraciones del IRPF” y tratando de respetar al máximo el principio de autonomía colegial.

Propósito de la Ley.

La Ley que hoy mencionamos en nuestro artículo pretende establecer las directrices básicas exigibles para garantizar formalmente el libre acceso a las actividades profesionales y garantizar igualmente el libre ejercicio de las mismas y así lo ha hecho en los sucesivos textos aprobados. Es de vital importancia, pues en ella se recogen los requisitos y las líneas de ordenación que favorecen en el profesional la libre elección de su oficio, estableciendo también aquellas restricciones necesarias para garantizar el bien general y las condiciones óptimas para un mercado de libre competencia (aunque para algunos, se trata exactamente de poner restricciones a esa “libre competencia). De cualquier forma, unas veces con mayor acierto que otras, este tipo de reformas son de vital importancia para mejorar la competitividad del sector, al que accede un alto porcentaje de nuestros estudiantes universitarios.

derecho a la defensaLíneas básicas del Texto: 250 euros anuales sin cuota de inscripción.

Volviendo al tema que nos ocupa, hay que comentar que, tras haber suavizado la Comisión encargada las cláusulas presentadas en el mes de agosto, se presentó a finales del 2013 este borrador definitivo, en el que, como adelantábamos en párrafos anteriores, se fija un techo máximo de 250 euros anuales como cuota obligatoria para los abogados que quieran colegiarse, no pudiendo excederse de estas cantidades los Colegios Profesionales, excepto cuando lo decida la Asamblea colegial y bajo revisión del Gobierno. Asimismo se establece que las cuotas sean iguales para todos los profesionales que quieran colegiarse (podrán existir por supuesto regímenes especiales para profesionales en determinadas situaciones laborales, personales o profesionales). Lo que sí contempla la Ley es la prohibición del cobro de una cuota de alta, con el fin de facilitar el acceso a todos los profesionales del sector.

Nada de familiares directos en los puestos directivos.

Para los Colegios Profesionales, prohíbe además la contratación para los puestos de dirección de familiares directos. Se trata seguramente de una medida aplaudida por la Sociedad, que ha visto con gran preocupación, como en los últimos años cada vez con más frecuencia, los puestos importantes dentro de las Administraciones Públicas y Concertadas se cubrían (y se siguen cubriendo) “a dedo”, otorgando puestos cuasi vitalicios y muy bien remunerados a familiares y amigos por el simple hecho de serlo, quedándose sin posibilidades reales aquellas personas altamente cualificadas pero que no entraban dentro de las listas del “enchufismo” de este País. Todo esto se encuentra recogido en el texto, cuando se dice que pide al ejercicio de los cargos directivos “imparcialidad, buena fe, igualdad de trato, conducta honorable y responsabilidad” y que no podrán valerse de su cargo para “obtener ventajas personales o materiales por intereses privados, de familiares directos o por intereses compartidos con terceras personas”.

Los abogados podrán ejercer como procuradores y viceversa.

Este es sin duda un punto importante del Texto, pues llegamos a dos aspectos de gran relevancia y que han generado un intenso debate social, sobre todo en uno de los puntos. De este modo, se recoge que los abogados puedan ejercer como procuradores y que igualmente los procuradores puedan ejercer como abogados, debiendo estar siempre colegiados para poder actuar frente a los tribunales o para asesorar o representar a terceros, proponiendo que “sea suficiente para poder ejercer ambas profesiones simultáneamente la obtención de cualquiera de los títulos necesarios en la legislación vigente y estar colegiado en cualquiera de los colegios profesionales, cuando la colegiación fuese obligatoria”. Sobre la necesidad del Procurador de los Tribunales en un procedimiento legal y la obligación de colegiación hablaremos en próximos artículos. De cualquier forma, para ir abriendo debate, ¿Le parece prescindible la figura del Procurador de un proceso judicial?