Reclamar contra Google en los EEUU no en España

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Corría el año 2014, concretamente corría el día 13 de mayo de ese año cuando se produjo una noticia que pasaría a la historia: el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) reconocía el derecho al olvido de los ciudadanos europeos. Ello afectaba especialmente a Google y fueron muchas las personas que empezaron a dirigirse a la empresa para solicitar que la información que de su persona aparecía en Internet fuese des-indexada. Ahora, el Tribunal Supremo español se suma al asunto del derecho al olvido y establece un asunto que, sin duda, resultará muy relevante de cara al futuro.

A raíz de la sentencia del TJUE en el año 2014 muchas personas hicieron la interpretación que si Google tenía una filial en España lo correcto era realizar la solicitud de des-indexación a tal filial y no dirigir la solicitud a la matriz de la empresa en los Estados Unidos de América. Bien, el Alto Tribunal español corrige esa interpretación y dicta que quien quiera ejercer el derecho al olvido sobre datos e información suya que resulte indexada por el buscador deberá dirigir su solicitud a la matriz de la compañía, es decir a Google Inc., en los EEUU y no a la filial, no a Google Spain.

El Tribunal Supremo entiende, por un lado, que la filial española de Google no tiene ninguna relación en las decisiones del tratamiento de los datos personales que se hacen desde la matriz estadounidense y, por otro lado, entiende que la única labor de Google Spain tiene relación con la promoción de servicios y productos publicitarios de Google Inc., siendo así entiende que es Google Inc la única responsable del tratamiento de los datos que tiene en su poder.

Así, el Alto Tribunal declaró nulo de pleno derecho lo dictado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que obligaba a Google Spain a hacerse cargo de aquellas peticiones relacionadas con el derecho al olvido que le llegasen. En su momento, Google Spain (estamos hablando de un dictado de la AEPD que se produjo en el año 2010) ya se opuso a tener ninguna responsabilidad sobre dicho tratamiento pues, según defendía la filial española, la misma carecía de legitimación pasiva en el procedimiento administrativo de tutela de derechos ya que la misma no gestionaba de ningún modo el buscador Google, ni tampoco tenía gestión de la plataforma Blogger, también esta propiedad de Google Inc.

googleUno de los asuntos más interesantes de analizar en esta sentencia se encuentra en el determinar si Google Spain debería tener responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales de Google Inc., dada la relación existente entre la filial española y la matriz estadounidense, dada la vinculación entre ambas.

En relación a lo anterior, el Alto Tribunal se muestra contundente y tajante al considerar que resulta obvio que el responsable del tratamiento es Google Inc., por la posición que ocupa, pero reconoce que la controversia se produce al estimar si Google Spain es una mera extensión de Google Inc., o si bien existe una relación diferente entre las dos sociedades.

La controversia anterior el Tribunal Supremo la resuelve acudiendo tanto a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de datos), concretamente a su artículo 3d) y dirigiéndose a la directiva 95/46/CE específicamente a su artículo 2. A entender del Alto Tribunal de ambas normas se infiere que “la caracterización como responsable del tratamiento de datos viene delimitada por la efectiva participación en la determinación de los fines y medios del tratamiento”.

A mayor abundamiento, y para reforzar aún más la ya mencionada interpretación anterior el Tribunal Supremo acude al fundamento 46 de la sentencia sobre el denominado “Caso Costeja” que realizó el TJUE. En tal sentencia, el TJUE señaló que es Google Inc., quien gestiona tanto a nivel técnico como a nivel administrativo el buscador de Google y que no resulta probado que Google Spain realice ninguna actividad que tenga relación directa con el indexado o con del almacenamiento de ningún tipo de datos que procedan de sitios Web de terceros.

Por todo lo anterior el Tribunal Supremo entiende que debe corresponder a Google Inc., y no a Google Spain todas las peticiones que sobre el derecho al olvido ciudadanos españoles deseen realizar.