Sanidad pública y gestión privada

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Siempre que sale a la palestra el tema de la sanidad las posiciones se enconan, para unos la sanidad, el cuidado de la salud, es un derecho fundamental y básico de las personas y demandan que no sea mercantilizada de ningún modo y que todo lo relacionado con la misma sea pública y de acceso gratuito y universal, mientras que para otros la sanidad privada entra dentro de la esfera particular del individuo y, por tanto, éste debe tener el derecho y la responsabilidad de escoger dentro de la sanidad privada al proveedor de la asistencia y cuidado de salud que prefiera.

Este artículo no persigue entrar en sesgadas consideraciones ideológicas que escoren la opinión del mismo hacia un lado u otro, lo que pretende este artículo es realizar algunas consideraciones genéricas y bidireccionales sobre el tema para terminar concluyendo con un reciente pronunciamiento del TC que, de algún modo, trata de forma importante sobre el mismo.

Sanidad públicaPara empezar puede argumentarse a favor de una sanidad pública, universal y gratuita la supuesta protección de los intereses de toda la población, especialmente de aquella población que no cuenta con recursos económicos suficientes para sufragarse una sanidad privada. Dicho de otro modo, los defensores de la sanidad pública argumentan que nadie puede quedarse atrás en la atención de sus necesidades de salud y que la sanidad pública garantiza eso.

Ante lo anterior, puede oponerse por un lado que en realidad la sanidad pública en España no es tan universal como se nos quiere hacer creer, pues disponer de ella (otra cosa es disponer de atención urgente, pero no estamos hablando de un acceso pleno) va –dicho grosso modo- ligado a estar dado de alta en la Seguridad Social cotizando por ello, dicho de otro modo: se está pagando un seguro público de salud, el cual nos obligan a pagar y no dejan escoger otro proveedor.

A la primera aseveración sobre la sanidad pública los defensores de la misma también añaden que si existiese un modelo completamente privado de sanidad, ya no sólo el problema podría estar limitado a quienes no pueden pagarse un seguro de salud, sino que además las empresas de sanidad privada limitarían el acceso a personas que no les saliesen rentables (personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, etc., etc.).

A lo anterior también puede oponerse que si bien esa afirmación puede ser cierta, todo dependerá de cómo se articule. Pues bien se puede dotar un sistema de sanidad privada, con las medidas correctoras para que nadie quede excluido por los motivos indicados.

Y, finalmente, muchos dicen que sea como sea, la sanidad tiene que estar en manos públicas pues su gestión debe pensar en el bien común y no mercantil. En este punto corresponde poner en duda desde la base la misma afirmación, pues decir que una gestión pública es más eficiente para el mismo sistema de la sanidad pública, es mucho decir.

Mucho decir, y además, no puede interpretarse que la sanidad pública se vea mermada o puesta en peligro por el hecho de que la gestión de la misma corresponda a un ente privado. Así también parece entenderlo el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que en fechas recientes ha avalado que la sanidad pública madrileña hubiese encargado la gestión de seis hospitales de su red al entorno de la sanidad privada.

Los críticos con tal privatización de la gestión alegaban, entre otros muchos aspectos, algo que ya se ha mencionado en líneas anteriores, alegaban que no debía permitirse que un hospital público estuviese gestionado por empresas privadas pues ello pervertía la sanidad pública y mercantilizaba el funcionamiento, estructura y organización de esos hospitales.

A entender del máximo órgano judicial de nuestro país, a entender del garante de nuestros derechos y libertades constitucionales, no puede interpretarse de ningún modo que una gestión privada de un hospital provoque que el mismo sistema de sanidad pública quede en entredicho ni que la gestión privada incida de ningún modo en el funcionamiento de un sistema que sigue siendo de raíz y titularidad pública.

Dicho de otro modo lo anterior, si el solar que acoge la edificación es público, si los cimientos son públicos y la estructura es pública, dentro de la edificación se realizan y prestan servicios de carácter público y nos sirven a la mesa de una forma pública en igualdad de condiciones y con los mismos servicios y prestaciones, da igual el color de la camisa del camarero que nos servirá el plato, pues ello no nos afecta como usuarios públicos de ese sistema.