Sobre la intervención del abogado en la jurisdicción social

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La intervención del abogado en la jurisdicción social

En un artículo anterior se mencionó la posibilidad de que si somos parte en un proceso del ámbito social (conflictos laborales, etc.) nuestra participación en el proceso se efectúe sin la representación de un abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier otra persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles interviniendo entonces en el proceso nosotros mismos, en nuestro propio nombre y representación. Hoy en este artículo vamos a entrar en la profundización de este aspecto muy importante en los procesos judiciales.

Desconocido, poco recomendable pero posible

Tal y como ya se mencionaba en el artículo en el que se introdujo de forma superficial este aspecto, esta posibilidad de litigar por nuestra cuenta puede que no sea la más recomendable para la mayoría de la ciudadanía, pues el desconocer la gestión judicial de los procesos, no conocer la materia a fondo, ni saber defenderse adecuadamente (por mucho que pueda parecernos que conocemos mucho sobre el tema, sólo un profesional cualificado y capacitado al respecto conoce todos los aspectos, todos los intríngulis, todos los detalles para litigar con ciertas garantías de éxito) puede perjudicarnos mucho en nuestras posibilidades en el proceso, pero esta posibilidad existe y se debe conocer.

Y ¿por qué existe esta posibilidad cuando en otros ordenamientos de la justicia no existe? Pues esta posibilidad (desconocida por gran parte de las personas cabe decir) existe en aras de facilitar el acceso a la justicia del que desee acudir a esta vía. Así, con la necesidad de no entorpecer, ni poner trabas que pudiesen suponer una merma en el ejercicio de la tutela judicial efectiva el legislador da la posibilidad de que quien acude a la jurisdicción social pueda hacerlo por su propia cuenta (y riesgo cabría añadir), sin la representación de un abogado, procurador, graduado social colegiado, etc.

Lo que establece la LRJS

Adentrándonos en lo que nos dice en profundidad la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social diremos que el artículo 18 de la misma faculta a la parte a intervenir por su cuenta y simplemente declara facultativo, a elección de la parte, el otorgar su representación y defensa procesal en un profesional o no, así el mismo artículo nos dice que “las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública”.

Lo anterior es con carácter general, pero cabe añadir que no en todos los supuestos una parte en el proceso podrá representarse con su propia voz, así por ejemplo el artículo 19 de la misma LRJS establece en su punto segundo que cuando en una demanda conjunta existan más de diez actores, los mismos estarán obligados a designar un representante común, y es más: en estos casos la ley, en el mismo artículo y apartado 19.2 exige que el designado sea necesariamente abogado, procurador o graduado social colegiado, si bien también posibilita que el designado sea un sindicato o una de las personas demandantes. Así con este establecimiento de exigencia la ley pretende sin mermar la libertad de intervenir por sí mismo, establecer unas pautas para el buen funcionamiento del mismo proceso, pues cabe primer la celeridad y eficacia del mismo, evitando dilaciones y situaciones que pudiesen alterar el buen orden y desarrollo de todo el proceso.

Finalmente, cabe destacar que en el supuesto de distintas demandas presentadas por distintos demandantes (que afecten a más de diez) y se acuerde la acumulación de los procesos correspondientes y en aquellos casos en los que haya más de diez demandados en un proceso, cualquiera de los demandantes o demandados (con las salvedades que la ley pueda marcar) podrán expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o bien designar un representante propio que sea distinto al que hayan designado los demás actores o demandados en el proceso (art.19.4 LRJS).

Como podemos ver en todos los apartados la ley prima la posibilidad de las partes de comparecer por sí mismas, sin la representación de un abogado, procurador, graduado social colegiado, etc., bien que tal y como se ha visto en aras del buen desarrollo procesal la ley establece unas pautas y exigencias regulatorias al respecto. Pautas y exigencias que como hemos visto no suponen una alta dosis de rigorismo y que incluso permiten salvedades (motivadas) a las mismas.