Sobre la Ley 1/2013: mayor protección al deudor hipotecario

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Sin duda, uno de los temas más graves a los que se enfrenta una buena parte de nuestra sociedad en estos momentos es el de las ejecuciones hipotecarias, pues la situación de desempleo dramática para una muy importante parte de la población, ha provocado, está provocando y provocará un goteo incesante de impagos hipotecarios, así como de su consecuencia más trágica: de desahucios hipotecarios. Por ello y para ello nació la Ley 1/2013 de la que hoy se va a hablar.

Deudor hipotecario. Cómo evitar el desahucioProblemática acuciante

Como se mencionaba, el problema es de muy importantes dimensiones dado que lo que se está produciendo no afecta a casos aislados, sino que por el contrario es una situación que afecta a importantes capas de la sociedad. Un problema que causa importantes estragos sociales y que genera auténticos dramas personales y familiares. Un problema que viene producido por el estallido de la burbuja inmobiliaria, y un problema que resulta enquistado por la alta tasa de desempleo que ya se mencionaba, así como también por el poco o nulo drenaje de la misma ocasionando que cada vez más familias entren en situaciones muy complejas al alargarse su situación de desempleo y quedarse cada vez más sin otros recursos o protecciones que puedan tener o que les puedan corresponder.

De todo ello, se podrían realizar muchas lecturas, y se podrían analizar muchos aspectos y sacar muchas conclusiones. Se podría entrar a valorar desde la perspectiva social, desde el punto de vista moral o muchos otros y podríamos imprimirle el sesgo ideológico que se desease, pero en este artículo lo que corresponde es intentar mostrar la respuesta legal, las medidas que el gobierno español ha puesto en marcha para paliar – o intentar paliar – una situación tan grave y desgarradora para muchas personas.

Respuesta legislativa

Así, uno de los mejores ejemplos de la respuesta que a nivel de modificaciones legales o de incorporación de nuevos preceptos o esquemas legales se ha producido desde que esta situación realmente se ha descontrolado y ha traspasado todos los límites de lo permisible en una sociedad avanzada, lo encontramos en la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Esta ley resulta denominada como la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Expresada una de las leyes principales creadas y destinadas a poner coto al problema que se mencionada, nos podríamos hacer muchas preguntas. Por ejemplo, y entre muchas otras, nos podemos preguntar, ¿por qué esta ley es tan importante? O mejor dicho, ¿realmente es tan importante? Y sea como sea, ¿esta ley es suficiente? ¿Y efectiva? Y, por último, también nos podemos preguntar por la piedra angular de todo ello, ¿qué medidas concretas establece esta ley para proteger a los que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda? Vamos a mirar de responder las cuestiones anteriores de forma ordenada.

En primer lugar, deberemos decir que si esta ley es realmente importante o no lo es, si es efectiva o no lo es y todo lo demás lo juzgará la historia, pues resulta difícil determinar mientras se está en medio de la ola que todo se lo está llevando valorar hasta qué punto las medidas tomadas son idóneas y suficientes o no lo son. Sin la debida perspectiva histórica es difícil de visualizarlo, pero sin duda sí que se pueden realizar algunas importantes consideraciones al respecto.

Por ejemplo, se puede considerar que esta ley en realidad sí que resulta importante, pues si bien puede que la efectividad de la misma no resulte clara para la mayoría de casos, ni sin duda parece suficiente en casi todos, sí que es cierto que por primera vez esta ley persigue establecer un mayor equilibro en la relación entre hipotecador e hipotecado, pretende proteger más a quien debe que aquel a quien le deben. Esto, a priori no es ni positivo ni negativo, al contrario cualquier ley debe perseguir la equidad y, por tanto, en un justo equilibrio entre las partes. Así, como mínimo esta ley persigue ese objetivo. Destacando que por supuesto, tampoco sería positivo entender que un balanceo que persiga igualar las fuerzas en la relación, tampoco sería positivo que decantase a la inversa de lo anterior el peso de la balanza, en la justa relación de fuerzas probablemente se encuentre lo adecuado.

Sobre el asunto de si resulta suficiente y efectiva, como se decía suficiente está claro que no lo es pues no resuelve la necesidad de miles de familias afectadas, por tanto si no resulta suficiente la misma no puede resultar ya de entrada efectiva, si bien debe quedar claro también que en conflictos sociales de esta índole ninguna ley por si sola puede resolver el asunto de una forma mágica, ni rápida, ni tan sólo quisiera con la ley. Este problema es un problema social, que requiere una respuesta legal sí, con la ley sí, pero no sólo con la ley, también requiere de una respuesta social y política en el sentido más amplio de estas palabras.

Finalmente, y en relación con las concretas medidas que el legislador ha tomado para intentar perseguir el objetivo anteriormente descrito, decir que las mismas tienen varios puntos que tratar, los cuales diremos que se dividen dos partes bien diferenciadas: una parte que tiene como objetivo solucionar la problemática de las personas que actualmente se encuentran en una complicada situación personal, y por otro lado existe la parte de intentar prevenir que se puedan volver a sufrir casos tan sangrantes como los sucedidos actualmente.

Para combatir los casos ya existentes diremos que la medida básica es la de suspender durante dos años aquellos desahucios de personas aquejadas de una especial situación de vulnerabilidad que las coloque en riesgo de exclusión social. Luego, para intentar prevenir que a futuro se puedan producir casos tan graves y generales se toman medidas que implican la modificación de puntos contractuales que se establecían comúnmente en las hipotecas y que resultaban claramente perjudiciales para el firmante hipotecado.