Sobre la prueba de alcoholemia en la circulación de vehículos

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La permisividad social y legal con el binomio alcohol y conducción ya hace mucho tiempo que quedo atrás, y por todos es conocido que en la actualidad la conducción bajo los efectos del alcohol tanto tiene una dimensión social que como norma general ya no la tolera y además las implicaciones legales de ello son enormes, teniendo incluso indecencia penal según los distintos supuestos aplicables.

Aquí vamos a centrarnos en lo que establece concretamente el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Y concretamente vamos a verlo desde la perspectiva de lo relacionado con la exigencia legal de realizar las pruebas de alcoholemia que nos puedan exigir practicar.

Alcohol y conducción en números

Antes de entrar a analizar la forma en que se desarrollan las pruebas de detección de alcohol en el organismo para así sancionarnos por haber conducido bajo sus efectos; analicemos de este modo las cifras y lo que indica en general la ley para el ámbito del alcohol. Este punto es interesante de recordar, pues si bien es conocido por una gran parte de la sociedad nunca está de más recordar la base esencial del tema.

Guardia Civil Tráfico. AlcoholemiaAsí, el artículo 20 del precepto anterior mencionado es el que establece las cantidades máximas de alcohol que podremos tener en nuestro organismo conduciendo, si bien como es obvio en la conducción, lo óptimo, la cifra ideal siempre será 0.

Concretamente dicho artículo nos dice que:

“No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia”.

La prueba

Como hemos visto el tenor del artículo 20 del precepto mencionado nos limita, cuantificando la presencia máxima de alcohol en nuestro organismo tanto en sangre como en aire espirado, pero ¿cómo llegar a cuantificar si hemos superado o no esos límites por parte de la autoridad competente, para poder denunciarnos o no por ello? La respuesta resulta clara: con las pruebas de detección.

Quizá uno de los puntos más relevantes para cualquier conductor es el indicado en el artículo 21 del precepto que en este artículo venimos analizando, pues el mismo establece que “todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación”.

Este punto anterior refleja claramente un punto que debe ser conocido con importante exactitud para saber sobre nuestros derechos y obligaciones. Este punto refleja la obligatoriedad que tiene cualquier conductor de vehículos y bicicletas a someterse a las pruebas que se le requieran de detección del alcohol y de la obligación de que aquellos que estén haciendo uso de la vía, aún y cuando no sean conductores estén implicados directamente como posibles responsables en un accidente de circulación. La mención es importante, pues nos permite ver que de no ser conductores tan sólo nos aplicará la obligación a someternos a la prueba de alcoholemia si somos posibles responsables directos de un accidente de circulación.