Sobre las expropiaciones y la Ley del Suelo

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Uno de los elementos que incluye la Ley del Suelo es el de las expropiaciones, y dentro de estas uno de los aspectos que más pueden interesar a quienes sufren una expropiación es el justiprecio, es decir, aquella indemnización que en base a este se establecerá para resarcir al propietario expropiado.

Expropiación forzosa

Evidentemente el derecho a la propiedad impide que un terreno que es propiedad privada de alguien sea expropiado por cualquier motivo, pero existen algunos supuestos en los que sí que puede aplicar la expropiación. Por ejemplo tal y como emana del artículo 29.1 de la Ley del Suelo “la expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiación Forzosa”.

Destacar que para que tal proceso de expropiación mencionado en el artículo 29.1 aplique tal finalidad deberá incorporar la “la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación” (art.29.2 LS).

Expropiación forzosa legalEn estas líneas hemos visto cuándo se puede promover la expropiación de un terreno a un legítimo y legal propietario de la misma; a continuación veremos los supuestos en los que estas expropiaciones dan derecho a percibir una indemnización por tal expropiación. Ello se encuentra resultado en el artículo 235 y en el mismo se abarcan los supuestos de “lesiones en los bienes y derechos” que producen derecho de indemnización y estos son los siguientes:

“a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración. Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística.

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa”.

Justiprecio en la expropiación

Ya hemos visto aquellos supuestos que habilitan a una expropiación y también aquellos supuestos que habilitan a percibir una indemnización por tal expropiación, en lo que resta de artículo veremos cómo aplica el justiprecio en la percepción de este como forma de establecer la indemnización.

Según lo que establece la Ley del Suelo en su artículo 30.1 “El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie”.

Tal satisfacción del justiprecio “…sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los titulares de las mismas” (art.30.3 LS).

Finalmente indicar que una vez realizado el pago del justiprecio y en consecuencia ejercitada la expropiación podrá proceder la ocupación e inscripción del terreno en el Registro de la Propiedad del “nuevo propietario”. Para ello se estará a tenor de lo que expresa el artículo 31.1 de la LS. Artículo que nos dicta que “el acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente”.