Sobre las fianzas y embargos en el ámbito criminal

0
1954

Cuando escuchamos hablar de depositar una fianza nos viene a la cabeza la fianza para comprar o adquirir una cosa, para alquilar un inmueble y muchas otras variables más, cuando escuchamos hablar de un embargo nos viene a la cabeza un embargo por impago de multas de aparcamiento u otras variables por el estilo, pero en ambos casos de buen seguro que no siempre nos vienen a la mente las fianzas y embargos en el ámbito criminal.

Y es muy importante destacar éstas, pues si bien quizás las fianzas y embargos de ámbito criminal son de aquellas que se encuentran más alejadas del conocimiento de la sociedad en general también bien cierto es que aunque no lo parezca tienen un gran impacto en muchas personas, y por ende resultan claves de analizar.

Gran trascendencia en la sociedad

Y tienen una gran impacto en la sociedad, pues a pesar del nombre tan extremo que parecen tener (fianzas y ámbitos del ámbito criminal) no es necesario ser unos criminales al uso de la palabra que el común de la sociedad suele entender como criminales para que nos puedan exigir fianza o embargar, pues en realidad crimen es aquello que se comente dentro del ordenamiento penal, por lo que cualquier persona que haya por ejemplo podido ser acusada de cualquier delito, por leve que este sea, en realidad estará sujeta a lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es a lo que vamos a referirnos en este artículo.

EmbargosAsí, lo primero que deberemos decir es que en realidad cuando estamos hablando de fianza y de embargo en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes aunque unidas entre sí, es decir, y expuesto de un formo muy simple y coloquial: la fianza es aquello que nos pueden exigir para cubrir unas eventuales responsabilidades en las que podamos incurrir, y cuando hablamos de embargo es aquello que nos pueden realizar de no satisfacer la fianza (o la pena económica que se nos imponga, pero este sería otro caso) que se nos haya impuesto para satisfacer dichas eventuales responsabilidades en las que hayamos podido incurrir.

En el fondo de la cuestión

Entrando a dilucidar aquello que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece sobre las fianzas y embargos decir que lo primero que la misma refleja sobre el quien y el cuándo se podrá decretar fianza, y el embargo correspondiente en el caso de no satisfacerse la misma. Específicamente ello queda establecido de la siguiente forma “…cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza” (art.589.1 LECr).

Decir que este mismo artículo 589.1 de la LECr tampoco se olvida el cuanto, y es que el mismo ello lo refleja en la segunda parte del mismo reflejando que “la cantidad de ésta (por la fianza) se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”.

Ya hemos visto a quien se le puede decretar fianza y embargo en el caso de no satisfacerla, ya hemos visto también el cuándo se podrá decretar dicha fianza y el embargo que pueda corresponder por la falta de satisfacción de la misma y en el último párrafo anterior a este también hemos visto el cuanto, es decir, la cantidad que podrá aplicar (como mínimo en este caso) de una fianza que se imponga, ahora nos toca ver el qué. Es decir, toca responder a la cuestión de qué se puede ordenar embargar de no satisfacer la fianza que se imponga.

Para responder a esta cuestión deberemos dirigirnos concretamente al artículo 591 de la LECr, en él lo encontramos perfectamente definido, pues en el mismo se establece que ”la fianza podrá ser personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate” (todo ello con las posibilidades que ofrece la ley de sustituir por embargos hipotecarios por otros, etc., en el marco de lo establecido en el art. 593 LECr).

Un detalle que no debemos pasar por alto es la posibilidad de que para una fianza que se imponga se pueda designar un fiador sobre la misma, por supuesto teniendo siempre muy presente que tan supuesta designación no supone que nos escabullamos de las demás responsabilidades procesales y de cualquier otro tipo que nos puedan corresponder. Ahora bien, centrados única y exclusivamente en la figura del fiador que indicábamos la ley aquí analizada establece que “podrá ser fiador personal todo español de buena conducta y avecindado dentro del territorio del Tribunal que esté en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y venga pagando con tres años de anticipación una contribución que, a juicio del instructor, corresponda a la propiedad de bienes o al ejercicio de industria, suficientes para acreditar su arraigo y su solvencia para el pago de las responsabilidades que eventualmente puedan exigirse” (art.592 LECr). Si bien cabe añadir que en la segunda parte del mismo artículo 592 LECr se dicta que “no se admitirá como fiador al que lo sea o hubiese sido de otro hasta que esté cancelada la primera fianza, a no ser que tenga, a juicio del Juez o Tribunal, responsabilidad notoria para ambas”.

Finalmente, destacar que el embargo por una fianza no satisfecha aplicará si “en el día siguiente al de la notificación del auto dictado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 589 no se prestase la fianza, se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias”.